Las luces que alumbran la corrupción en Bucaramanga

La muerte de Edgardo Rodríguez, lo quieran reconocer o no, no solo le hizo un favor a la impunidad, sino que también terminó beneficiando los actos delincuenciales de quienes creen que los bienes del municipio de Bucaramanga se pueden manejar como si fuera una tienda, tal y como está pasando en Metrolínea y en el peor contratadero de la ciudad: Neomundo.

 Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles

Lo que aquí se ha denominado “el cartel de las luces” -que no es otra cosa que la unión de todos los contratistas, intermediarios, empresas, supervisores y funcionarios públicos involucrados con los indebidos manejos de los dineros de alumbrado público al interior de la administración, en cabeza de Cristian Portilla se está convirtiendo en uno de los más grandes focos de corrupción en la historia de la capital santandereana.

Es lamentable que, en el concejo de la ciudad, solo una voz se haya alzado para preguntar por la indebida contratación con la empresa Promotora Energética del Centro S.A.S.; pero más lamentable es que, por el mismo desconocimiento técnico al interior de esa corporación, el funcionario Giovanny Alexander Robelto Valderrama les haya metido los dedos en la boca, diciéndoles que esa contratación está suspendida por problemas de seguridad en la ciudad.

Que un funcionario de la alcaldía diga en la plenaria de un concejo que los contratistas no pueden trabajar por problemas de inseguridad es el mayor reconocimiento de una política fracasada; y mucho más cuando el alumbrado público hace parte del plan de desarrollo, en la línea “Territorio Seguro que Protege”.

Sin embargo, la discusión es otra, porque el señor Robelto Valderrama le mintió al concejo, dado que esa razón nunca se contempló en el acto de suspensión contractual que él mismo solicitó. Ese contrato se suspendió porque la misma alcaldía no entregó la base de datos, los polígonos, la cartografía, el inventario de la ESSA, los planos de las redes subterráneas ni los contratos de suministro y facturación del alumbrado público.

La Oficina de Alumbrado le ha venido mintiendo al concejo, a los órganos de control y a la ciudadanía -que hoy está pagando más de lo que le corresponde-, porque la plata les sobra tanto que en esa oficina tienen contratadas 47 CPS, entre las cuales se cuenta con 7 abogados, 1 ingeniero sanitario, 3 administradores de empresas, y hasta dos profesionales en comercio y negocios internacionales contratados para responder quejas y reclamos, con honorarios que promedian los 6 millones de pesos al mes y que en varios casos llegan a los 9 millones.

 Y si todas estas hojas de vida, junto con los demás contratos millonarios aquí denunciados, llevan el visto bueno del señor Román, las cosas se van a poner peor. Por eso es importante conocer quiénes son los subcontratistas de las empresas de Manizales, y las respuestas de la Universidad de Pamplona, para poder comenzar a cerrar el círculo de uno de los casos más grandes de corrupción que se descubrirá en la ciudad.