La plata del alumbrado público se maneja en un CoWorking
Se cuestiona un contrato de eficiencia energética en Bucaramanga por adjudicación directa, falta de capacidad y subcontratación irregular, mientras el proyecto sigue suspendido y sin entregas.
Se cuestiona un contrato de eficiencia energética en Bucaramanga por adjudicación directa, falta de capacidad y subcontratación irregular, mientras el proyecto sigue suspendido y sin entregas.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Hace once meses el municipio de Bucaramanga le entregó, a título de anticipo, 1.250 millones de pesos a la empresa Promotora Energética del Centro SAS ESP, de la ciudad de Manizales, para realizar un estudio de eficiencia energética en la ciudad. La entonces secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres, decidió ampararse en las justificaciones jurídicas elaboradas por una de las abogadas que más ha estado vinculada a procesos de corrupción administrativa en Santander, para evitar una licitación pública y adjudicar directamente un contrato por 2.500 millones de pesos.
El argumento fue que esa empresa ya había realizado un estudio similar en el municipio de Marquetalia (Caldas). El problema es que ese estudio costó apenas 32 millones de pesos, porque Marquetalia es tan grande como el Barrio La Victoria. Y fue con esa ínfima experiencia, claramente insuficiente para un proyecto de esta magnitud, le entregaron el millonario contrato que aquí se ha venido denunciando.
La falta de capacidad era más que evidente desde el mismo momento en que se hicieron los estudios previos, y es por ello que hoy, después de varios derechos de petición y una acción de tutela resuelta por el Juzgado Quinto Civil Municipal en cabeza del honorable juez Ángel Uriel Gelves Pineda, se pudo conocer que Promotora Energética -la empresa que supuestamente tenía la capacidad para llevar a cabo el contrato- terminó subcontratando, sin autorización del municipio, bajo la fachada de un “acuerdo de colaboración empresarial”, a una microempresa que opera en un espacio de coworking en la ciudad de Medellín: Smart Electric S.A.S.
El valor de ese acuerdo fue de 2.060 millones de pesos, es decir, el 82,4% del valor total del contrato inicial. La pregunta es inevitable: ¿para qué adjudicar de manera directa un contrato a una empresa que no estaba en capacidad de ejecutarlo? La respuesta parece evidente: para evitar una licitación pública y cerrar la puerta a la participación plural de otras empresas que sí podían competir por el contrato.
Hoy el contrato completa más de seis meses suspendido, y los certificados de ampliación de vigencia y cobertura de las pólizas que amparan el cumplimiento, la calidad del servicio, la devolución del pago anticipado y el pago de salarios no han sido expedidas, de modo que la posibilidad de recuperar los 1.250 millones de pesos que se entregaron, ya se perdió.
Como si eso no fuera poco, a la fecha no se ha entregado absolutamente nada, a pesar de tener contratadas a escondidas más de 27 personas que tendrán que comparecer en su momento ante los organismos de control, comenzando por el supervisor del contrato, el ya afamado Giovanny Alexander Robelto Valderrama.
Hay que seguir escribiendo con paciencia, porque esto va mucho más allá de lo que ustedes creen. Y quién está detrás de todo esto sigue mirando detrás del árbol que lo cobija.
