200 BILLONES de pesos se habrían robado en el “gobierno del cambio”

Durante los últimos cuatro años del régimen comunista de Gustavo Petro, que está a punto de expirar y que ha dejado las arcas vacías del presupuesto nacional, donde crecieron las olas de la corrupción mas grave del mundo, pisotearon la constitución nacional y las leyes de la república, generando más de doscientos procesos penales, por los cuales deberá responder ante la justicia ordinaria el saliente mandatario. Esas serían las consecuencias del caos y la anarquía, que hemos tenido que padecer los buenos ciudadanos de Colombia.

Cuando está a punto de terminar el periodo constitucional del comandante y jefe guerrillero Gustavo Petro Urrego, los resultados económicos son desastrosos. Se han gastado doscientos billones de pesos comprometiendo las rentas de la nación, que eran sagradas. Según las cuentas, se robaron cinco billones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para sobornar congresistas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Los directivos de las cámaras legislativas de senado y cámara se volvieron locos en el senado y la cámara, pidiendo y cobrando sumas de dinero por el trámite de las leyes sobre reformas a la salud y la educación.

En el denominado ‘Ministerio de la Igualdad’ derrocharon tres billones de pesos para contratar una gigantesca burocracia. Los nuevos contratos de prestación de servicios para los aliados del denominado ‘Pacto Histórico’ y de los amigos del gobierno ‘Petrista’ le costaron a la nación nueve billones de pesos. En la creación de nuevas embajadas, especialmente en los países africanos y asiáticos, se gastaron setecientos mil millones de pesos. Para la Minga Indígena, donde se gastaron quinientos mil millones de pesos para pagarles las asignaciones a los indios del Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, crearon un ‘Censo de haraganes’ que casi nunca han trabajado porque viven a expensas de la civilización.

Destinaron UN BILLON DE PESOS para los ‘Diálogos de Paz’ y especialmente para las narcoguerrillas de las FARC, divididas en varios grupos, que engañaron a la nación y continuaron asesinando a lideres campesinos, especialmente en la frontera con Venezuela, en el ‘Cañón del Micay’ sobre la Bota Caucana. En la denominada ‘Justicia Especial para la Paz’, donde la mitad de los magistrados fueron escogidos por la misma narcoguerrilla, derrocharon un billón de pesos y nunca hubo sentencias sino actos de complicidad.  También hubo derroche de recursos para los eventos y conciertos del gobierno y cuarenta mil millones de pesos para pagar a los encargados de cobrar por sus mensajes mentirosos. 

Hubo mil millones de pesos para contratar masajistas y estilistas. catorce mil millones de pesos para  una abogada de la Casa de Nariño, que no tenía títulos universitarios pero que se convirtió en la mano derecha del primer mandatario. Le pagaron alrededor de cincuenta mil millones a la empresa de Juliana Guerrero y cuatro billones para Euclides Torres, un contratista del despacho presidencial. Además, repartieron ochenta mil millones de pesos para las reuniones sociales del denominado ‘Consejo de ministros’; quince mil millones de pesos para ayudarle a la república comunista de Cuba; diez mil millones de ayuda para Jamaica y setenta y cinco mil millones para viajes en helicóptero, dentro y fuera del país.

Nota: El nuevo capítulo sobre la tragedia de esta nación está por escribirse, porque falta saber mucho sobre los actos de complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro Moros, que se halla preso en los Estados Unidos y que era el mejor amigo del saliente presidente de Colombia, que ha sido una vergüenza para el mundo.