El chantaje de la desobediencia

La izquierda no sabe perder. La democracia colombiana ha hablado con absoluta claridad y contundencia en las urnas. Con una votación histórica que superó los 12.9 millones de votos, los colombianos eligieron un cambio de rumbo definitivo; bajo el liderazgo del presidente electo, Abelardo de la Espriella se da inicio a la “Patria Milagro”. El mandato popular fue inequívoco y no deja margen a dobles interpretaciones: el país exige recuperar el orden de manera inmediata, blindar la seguridad jurídica, defender las libertades individuales y reactivar la soberanía económica tras años de asfixiantes experimentos progresistas. Sin embargo, antes de que el nuevo mandatario asuma oficialmente su cargo el próximo 7 de agosto, la izquierda radical ya ha comenzado a desplegar, de forma predecible, su habitual manual de sabotaje institucional y agitación callejera.

El reciente manifiesto público del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, en el que condiciona el reconocimiento del nuevo gobierno e incita de manera abierta a una "desobediencia civil" a cambio de ciertas exigencias, no constituye un ejercicio legítimo de oposición democrática. Es, en su definición más pura y peligrosa, un chantaje político que atenta de forma directa contra el orden público, la paz social, el patrimonio tanto público como privado y la estabilidad institucional del país.

Exigirle a un presidente legítimamente electo en las urnas que cumpla con un pliego de condiciones ideológicas para "dejarse gobernar" es una aberración jurídica y un preocupante síntoma de intolerancia democrática. La izquierda parece haber olvidado que en una República el poder emana del voto popular, no de los caprichos de una minoría parlamentaria que se resiste a aceptar la derrota.

Los argumentos esgrimidos por el senador Cepeda, cuidadosamente disfrazados de una supuesta y oportuna preocupación por la soberanía nacional debido a la doble nacionalidad del presidente electo, carecen de un sustento legal profundo. Se trata de una cortina de humo legalista cuyo único propósito real es incendiar las bases populares que lo respaldaron en las urnas, avivando una retórica de odio y división. Pretender que sus 12.7 millones de electores desconozcan de manera sistemática cualquier orden, política pública o decreto del nuevo ejecutivo es una invitación directa a la anarquía; es el peligroso intento de quebrar el Estado de derecho desde el asfalto y la barricada.

La derecha democrática, las fuerzas vivas de la nación y las instituciones del Estado no pueden flaquear ni un solo milímetro ante esta vieja táctica. Es la eterna doble moral de un sector político que valida las reglas del juego democrático únicamente cuando los resultados les favorecen. Cuando ganan, exigen sumisión institucional absoluta y tildan de "golpista" a cualquiera que los critique; pero cuando pierden, apelan de inmediato al desorden público, al bloqueo y a la desobediencia civil para cogobernar a la fuerza mediante el chantaje callejero.

El presidente Abelardo de la Espriella tiene sobre sus hombros la enorme y noble responsabilidad de gobernar para todos los colombianos, pero debe hacerlo bajo una premisa que es absolutamente innegociable: la ley se respeta y la autoridad se ejerce. El orden público y la seguridad de los ciudadanos no pueden convertirse en una moneda de cambio para aplacar las frustraciones electorales de Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Ante la amenaza abierta del caos y la parálisis legal, la respuesta del nuevo gobierno no puede ser la debilidad ni el apaciguamiento, sino la firmeza institucional, la defensa irrestricta de la Constitución y la aplicación severa de la ley. Colombia votó de manera mayoritaria por el orden, y el orden es lo que debe prevalecer si queremos salvaguardar el futuro de la patria.