El arte de gobernar

Al igual que la gran mayoría de los países de América Latina, Colombia tiene un sistema presidencialista caracterizado por una legitimidad dual. Esto significa que tanto el Presidente como el Congreso de la República derivan su autoridad directamente del voto ciudadano.

Esta idea cobra especial sentido a la luz de los resultados de las pasadas elecciones. Por un lado, más de 19 millones de ciudadanos participaron en las elecciones al Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes; por otro, más de 26 millones lo hicieron en la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, el hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, derivará de las urnas su autoridad como Presidente de la República para el período 2026-2030. De igual manera lo hará el nuevo Congreso electo, por lo que ambos contarán con una legitimidad propia, sin que una sea más o menos válida que la otra.

Como explica el profesor Ricardo Espinoza (2020), al “disponer cada uno de una legitimidad propia, se busca garantizar su autonomía y su autorregulación: ninguno puede sobreponerse o someter al otro, sino que al ajustarse a los mecanismos constitucionales de colaboración pueden intervenir en sus ámbitos correspondientes” (p. 53).

De allí surge, precisamente, la que para mí fue la preocupación más importante durante los procesos electorales de este año: la gobernabilidad.

 Si algo quedó claro durante los cuatro años del Gobierno del presidente Gustavo Petro es que el país atravesó una de las crisis de gobernabilidad más significativas de su historia reciente. La ruptura de la coalición de gobierno y los constantes roces con las demás ramas del poder público son apenas algunos ejemplos de lo compleja que fue la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial durante el Gobierno saliente. Pero también anticipan lo difícil que podría ser gobernar en el período que está por empezar.

A este panorama se suma un contexto de creciente polarización política. En términos generales, esta alude a una división cada vez más marcada de la comunidad política —votantes, dirigentes, partidos, movimientos y otros actores— en bloques ideológicos contrapuestos, con posiciones cada vez más concentradas en los extremos del debate público. En Colombia lo vimos, por ejemplo, con el plebiscito por la paz de 2016, y, con el paso del tiempo, esa división parece haberse profundizado.

Esa polarización se reflejó, especialmente, en los resultados de las elecciones legislativas de este año, en las que ni la derecha ni la izquierda obtuvieron una mayoría suficiente —mucho menos cómoda— para el período 2026-2030. Por ello, el Gobierno entrante del presidente De la Espriella deberá negociar, al menos inicialmente, con partidos menos definidos ideológicamente y más interesados en asuntos burocráticos, como ministerios, embajadas, otras entidades públicas o inversiones regionales.

Ahora bien, esto último no tiene necesariamente una implicación negativa. Se trata, sencillamente, de entender que existen acuerdos propios de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para apoyar iniciativas que contribuyan a la materialización de las metas que se plantee el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. Así lo reconoció recientemente quien será el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, al señalar que no se harán transacciones ocultas y que la relación con el Congreso será por encima de la mesa.

Además, este escenario no es nuevo. Algo similar ocurrió al inicio del Gobierno Petro, cuando logró construir una amplia coalición con partidos como el Liberal, el Conservador y el Partido de la U. Sin embargo, hacia el final del período 2022-2026, algunos congresistas de esos mismos partidos dejaron de apoyar múltiples iniciativas del Gobierno, lo que agravó los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, sumados a los que ya se presentaban con la Rama Judicial.

En medio de esas tensiones, el Ejecutivo llegó a utilizar de manera amplia y controvertida algunos decretos como forma de desplazar al Congreso y, con ello, a la deliberación democrática. Así ocurrió con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno, a través de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, buscaba contrarrestar la decisión del Congreso de no aprobar determinadas iniciativas de financiamiento. El decreto fue suspendido y, más tarde, declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-075 de 2026, al considerar que no cumplía los requisitos exigidos.

Por eso, nada impide que en el próximo período surjan nuevos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. De ahí que sea fundamental que el próximo presidente reconozca sus límites y respete a los demás poderes públicos, en especial al Congreso de la República, pues la gobernabilidad dependerá, en buena medida, de su capacidad para construir acuerdos más allá de su propio sector político.

Sin embargo, la responsabilidad no será solo suya. La gobernabilidad también exige un Congreso dispuesto a deliberar de buena fe y no a bloquear por mero cálculo político.

Ojalá, durante los próximos cuatro años, todos los actores políticos, sin importar su espectro ideológico o el cargo que ocupen, entiendan que no se trata de dominar a los demás, sino de dominar el arte de gobernar.

Referencia: Espinoza Toledo, R. (2020). Sistemas parlamentarios, presidencial y semipresidencial (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática N.º 20, Nueva edición). Instituto Nacional Electoral.

*Estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de los Andes