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De los inocentes, la justicia y el pan

La justicia en Colombia parece tratar con mayor dureza al ciudadano común que a los poderosos, mientras la impunidad y la desconfianza institucional se profundizan.

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En Colombia todos son inocentes. El político que no puede explicar su patrimonio. El contratista que multiplicó su fortuna gracias a un contrato público. El funcionario que aparece mencionado en grabaciones, testimonios o expedientes también. Lo único culpable parece ser el ciudadano que trabaja, paga impuestos y luego contempla el espectáculo.

Por: Edgar Julián Muñoz González

Porque la justicia colombiana se parece menos a un tribunal y más a una obra de teatro interminable. Los actores cambian, los escándalos cambian, los gobiernos cambian, pero el libreto sigue siendo el mismo.

Siempre hay una persecución política o una conspiración. Siempre hay una explicación conveniente. Siempre hay una cámara esperando la declaración de rigor: “creo en la justicia y demostraré mi inocencia”.

Y mientras los abogados presentan recursos, apelaciones, nulidades y toda clase de malabarismos jurídicos, los años pasan. Los expedientes envejecen. Los testigos desaparecen. La indignación se enfría. El país olvida.

En Colombia la impunidad, más que una falla del sistema, a veces parece ser el producto final. Lo más doloroso no es que existan delincuentes. Los habrá siempre. Lo insoportable es la diferencia de trato.

Un muchacho puede terminar condenado por robar una chocolatina mientras personajes con escoltas, camionetas blindadas y apartamentos imposibles de justificar atraviesan procesos que duran tanto que terminan confundiendo la justicia con una pensión vitalicia.

Nos dicen que todos somos iguales ante la ley. Pero unos llegan al juzgado caminando. Otros llegan rodeados de abogados, asesores de imagen y comunicados de prensa. Y entonces la igualdad comienza a parecerse mucho a una broma. La situación se vuelve todavía más preocupante cuando quienes ejercen el poder empiezan a desacreditar a las instituciones encargadas de vigilarlos. Las cortes se equivocan.

Por supuesto que se equivocan. Son humanas. También son vulnerables a presiones e intereses. Pero destruir su legitimidad porque una decisión no nos gusta es como incendiar la estación de bomberos porque una manguera llegó tarde. La justicia imperfecta sigue siendo mejor que la ausencia de justicia.

La ironía es que muchos de los que durante años se dedicaron a denunciar a los “fachos” parecen estar convirtiéndose en una caricatura de aquello que combatían. La misma obsesión por encontrar enemigos en todas partes.

La misma costumbre de dividir el país entre buenos y malos. La misma tentación de utilizar el poder del Estado para castigar al contradictor. Como aquellos generales que veían amenazas en canciones de rock y estudiantes universitarios, algunos parecen convencidos de que el problema no son sus errores sino quienes los señalan. Asi sea una camiseta de la selección Colombia. Todo les molesta y lo suprimen.

Por eso resulta difícil no sonreír cuando los mismos dirigentes que durante meses insistieron en que una constituyente era indispensable para salvar la democracia ahora descubren, de repente, en plena campaña y cuando van perdiendo, que ya no hace falta. Hace apenas unas semanas era una necesidad histórica.

Hoy es un malentendido. Ayer era el camino inevitable. Hoy es un rumor de la oposición. Corren la linea ética todo el tiempo y pretenden que les creamos. Como si los colombianos sufriéramos de amnesia colectiva. Como si no hubiéramos escuchado discursos, visto tarimas y leído mensajes defendiendo exactamente lo contrario. En política, al parecer, las convicciones son desechables. Como los vasos plásticos después de un mitin.

La democracia no consiste en elegir reyes durante cuatro años. Consiste en que nadie esté por encima de la ley. Porque cada peso robado tiene una víctima invisible. Un niño sin escuela. Un enfermo sin medicamentos.

Una carretera que nunca se construye. Un puente que se cae antes de inaugurarse. Los ciudadanos merecen algo mejor que cincuenta mil pesos por un voto, una promesa de campaña y una Pony Malta con pan. Merecen una justicia que no tenga dueño. Y una igualdad que no dependa de un cargo público.