Uno de los principios fundamentales de la contratación estatal establece que las obras y concesiones financiadas con recursos públicos deben contar con una figura encargada de vigilar, supervisar y advertir cualquier incumplimiento. Esa función recae en los interventores, considerados los "ojos del Estado" dentro de los contratos. Sin embargo, en una paradoja que golpea la confianza en los mecanismos de control, precisamente uno de esos vigilantes terminó en el centro de una investigación disciplinaria.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En Colombia, las interventorías constituyen una de las principales herramientas de control en la contratación estatal. Su misión no es ejecutar las obras, sino verificar que los contratistas cumplan las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y administrativas pactadas.

La legislación establece que los interventores deben alertar oportunamente sobre incumplimientos, exigir correctivos y dejar constancia de cualquier anomalía que pueda afectar los recursos públicos. En otras palabras, son la primera línea de defensa frente a posibles irregularidades.

Por eso resulta tan extrañamente paradójico que la Procuraduría General de la Nación hubiese formulado pliego de cargos contra Jorge Iván Uribe Parra, representante legal de la Unión Temporal Interventoría Barichara Alumbrado Público, por un presunto incumplimiento en sus deberes de vigilancia técnica dentro del contrato de consultoría CM-005-2017.

La actuación disciplinaria es adelantada por la Procuraduría Provincial de San Gil y de acuerdo con lo que informo el ente de control se busca establecer si el interventor habría incumplido las obligaciones derivadas del seguimiento al contrato de concesión encargado de la administración, operación, modernización, reposición, mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado público del municipio de Barichara, tanto en la zona urbana como rural, mediante la implementación de tecnología LED.

Precisamente por ello, resulta especialmente grave que las sospechas recaigan sobre quien tenía la responsabilidad de ejercer esa vigilancia.

"La función del interventor es evitar que ocurran irregularidades; no convertirse en protagonista de ellas", señalan expertos en contratación pública al referirse a este tipo de casos, que evidencian las debilidades de los sistemas de control cuando fallan quienes están llamados a garantizar la transparencia.

La investigación de la Procuraduría pretende esclarecer si Uribe Parra vulneró los principios de transparencia, responsabilidad y economía consagrados en la normatividad que regula la contratación estatal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta conducta fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario.

En numerosos escándalos de infraestructura y contratación pública en Colombia, las interventorías han sido cuestionadas por avalar obras inconclusas, omitir advertencias o no ejercer controles efectivos, pese a que precisamente fueron contratadas para impedir que se produjeran irregularidades.

El caso de Barichara revive esa preocupación. La modernización del alumbrado público mediante tecnología LED representaba una apuesta por mejorar la prestación del servicio y optimizar el consumo energético en uno de los municipios más emblemáticos de Santander. No obstante, ahora la atención se centra en determinar si la vigilancia contratada para garantizar la correcta ejecución del proyecto cumplió realmente con su propósito.

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