A la prensa no se le calla

Hoy quiero hacer un alto en el camino para rechazar las oprobiosas amenazas contra la libertad de prensa que ha sufrido esta casa periodística por parte de allegados a la alcaldía de Bucaramanga.

Desde esta tribuna se han venido denunciando los malos manejos que se les han dado a los recursos públicos de la ciudad, y muy especialmente las ilegalidades que se vienen cometiendo en la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Alumbrado Público. Frente a esas denuncias, el silencio de Cristian Portilla ha terminado por validar las acusaciones que hoy se consolidan contra su administración, sus funcionarios y sus contratistas, quienes convirtieron esas oficinas en una verdadera cueva de Rolando.

La columna anterior a esta ("El cartel de las luces") marca inobjetablemente el punto de partida para comprender las razones que tuvo el fallecido Edgardo Rodríguez —testigo estrella del robo de las luminarias de la ciudad— para guardar un inexplicable silencio y rechazar el principio de oportunidad que pudo haber acordado con la Fiscalía General de la Nación. A Edgardo lo callaron, pero no porque hubiese vendido su conciencia, sino porque se dejó engañar por quienes la negociaron en su nombre.

Hoy Edgardo está muerto, igual que la abogada Sandra Serrano. Pero, en el caso de Rodríguez, hay dos contratos que deberían ser objeto de investigación por parte de las autoridades: el 175 de 2025, celebrado con la empresa Infotic S.A. por 259 millones de pesos para la implementación de un sistema de información de alumbrado público, y el 176 de 2025, suscrito con la Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P., de Manizales, por 2.500 millones de pesos para el estudio técnico de referencia que determinaría los costos del alumbrado de Bucaramanga. Si quieren encontrar a los bandidos que lograron para su beneficio manipular ese silencio, comiencen por ahí, y les aseguro que los hallarán justo detrás del antiguo edificio de la alcaldía.

A la prensa no se le calla, lo cual no es óbice para que sí se le pueda cuestionar. Pero es irracional que dos muertes que se convirtieron en motivo de discusión en las redes sociales, y que terminaron plasmadas en un artículo publicado por este diario, lleven a que funcionarios, contratistas y abogados ligados a la administración estructuren un plan de intimidaciones personales y amenazas judiciales para retirar de la página web las reseñas que hacen los periodistas. Y en esto hay que ser claro: cualquier persona tiene el derecho constitucional de pedirle a un medio de comunicación la rectificación de una noticia si considera que contiene imprecisiones; lo que no puede exigir es que se oculte la verdad cuando los hechos se muestran con total claridad, y mucho menos a través de presiones indebidas.

Dios quiera que estas elecciones presidenciales no nos conduzcan a una tiranía, y que valoremos que aún vivimos en democracia.