Voto a uniformados, una trampa

En el debate público colombiano ha tomado fuerza una propuesta recurrente: levantar la prohibición constitucional que impide a los miembros de la fuerza pública ejercer el derecho al sufragio y participar en deliberación política. Quienes defienden esta postura argumentan la plena ciudadanía de soldados y policías.  Sin embargo, tratándose de la Policía Nacional, ese paso no sería una conquista de derechos, sino un error garrafal que amenazaría la esencia misma de la institución y la estabilidad democrática del país.

Para dimensionar el riesgo no hace falta la especulación, basta consultar la historia. Durante la primera mitad del siglo XX, y particularmente en el periodo de la violencia, Colombia experimentó de primera mano los devastadores efectos de una policía politizada. Las administraciones locales y los caudillos regionales instrumentalizaron a los agentes como brazos armados de sus agrupaciones políticas. El resultado fue nefasto: agentes del orden persiguiendo ciudadanos por el simple hecho de militar en el partido contrario y la pérdida total de confianza en las autoridades locales colapsadas por el sesgo ideológico.

La prohibición de deliberar y votar -consagrada en la sabiduría de la Constitución del 91- no nació como castigo ni como una marginación ciudadana, sino como blindaje institucional. La Policía Nacional cumple una misión eminentemente preventiva y de control del orden público interno y a diferencia de las Fuerzas Militares, el agente de policía interactúa diariamente con la comunidad, el concejal, el alcalde y los líderes locales.

Si un agente de policía adquiere la facultad de militar activamente o de expresar públicamente sus preferencias electorales, la magnificencia del servicio se rompe. ¿Con que objetividad atendería una marcha de protesta un comandante, cuya filiación política es contraria a los manifestantes? ¿Con que imparcialidad controlaría las urnas en una jornada electoral un patrullero que responde al alcalde de turno?

La confianza ciudadana, de por si frágil, se fracturará irreversiblemente al sospechar que el uso legítimo de la fuerza responde a intereses proselitistas y no a la Constitución. Además, al interior de las escuelas de formación y los cuarteles, el debate político quebraría la línea de mando y la disciplina; las jerarquías y las decisiones operativas no pueden quedar subordinadas a simpatías partidistas ni a debates de campaña electoral, mucho menos a adoctrinamientos ideológicos según el movimiento del péndulo político de turno.

Aprender de la historia es la primera responsabilidad de una sociedad. Politizar la Policía Nacional implica desarmar moralmente la institución para entregarla como botín a disputas electorales del momento. Para garantizar que la Fuerza Pública siga perteneciendo a los colombianos, brindando servicio a los ciudadanos y no a un partido ni gobierno, el monopolio de las armas debe mantenerse estrictamente marginado de la deliberación política, así como las instituciones que preservan la seguridad nacional en Colombia mantener su independencia.