Vicepresidente de la ANH desde Bucaramanga: transición energética, aunque hay avances son más los desafíos
Colombia suma más de 15.000 sistemas solares entre 2024 y 2025, impulsando la transición energética en zonas rurales y comunidades apartadas.
Colombia suma más de 15.000 sistemas solares entre 2024 y 2025, impulsando la transición energética en zonas rurales y comunidades apartadas.
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La transición energética en Colombia dejó de ser una discusión exclusiva sobre grandes parques solares o proyectos eólicos de escala industrial debido a que, sí hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, es que hoy una parte importante de esa transformación ocurre en veredas, fincas, centros poblados y comunidades rurales que, cuyos habitantes comienzan a acceder a soluciones energéticas propias, un proceso que ya suma más de 15.000 nuevos sistemas solares desarrollados entre 2024 y 2025 en distintas regiones del país.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Ese fue uno de los principales mensajes expuestos por el vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Mario Andrés Castañeda Quiñónez, durante el II Congreso Internacional de Derecho Agrario en la Era Global, realizado en Bucaramanga y organizado por la Universidad Santo Tomás con el apoyo del Instituto de Derecho Agrícola de la Universidad de Göttingen, Alemania.
El evento reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos del derecho agrario, ambiental y alimentario frente a las nuevas dinámicas del desarrollo sostenible, tomando como referencia experiencias de Alemania, México, Costa Rica y Colombia.
Durante su intervención, Castañeda planteó una visión que busca ampliar el concepto tradicional de la transición energética. Según explicó, el acceso a la energía debe entenderse como un factor determinante para el desarrollo rural, la productividad agrícola y la reducción de desigualdades territoriales.
En este contexto, el directivo de la ANH sostuvo que la energía no puede verse como un asunto aislado de las políticas agrarias, sino como una condición indispensable para que las comunidades rurales puedan desarrollar plenamente sus capacidades productivas, económicas y sociales.
La tesis presentada ante académicos, juristas y representantes institucionales giró alrededor de una idea central: sin acceso confiable a la energía es difícil hablar de competitividad agrícola, transformación productiva o desarrollo territorial.
Uno de los aspectos destacados de la exposición fue el avance que han tenido las energías limpias dentro de la matriz energética nacional.
De acuerdo con el balance presentado, entre 2024 y 2025 Colombia logró la instalación de más de 15.000 nuevos sistemas solares, una cifra que evidencia que la Transición Energética Justa (TEJ) también se está construyendo a través de proyectos de autogeneración y soluciones distribuidas que benefician directamente a hogares, productores rurales, instituciones educativas y comunidades apartadas.
“La experiencia demuestra que la transformación energética no depende exclusivamente de grandes inversiones en infraestructura, sino también de iniciativas de menor escala que permiten llevar electricidad a territorios históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo”, explicó Castañeda Quiñónez, quien además enfatizó que este enfoque resulta particularmente relevante para un país donde aún persisten brechas importantes en materia de cobertura y calidad del servicio energético en zonas rurales.
El papel del derecho, la academia y el Estado
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la necesidad de construir una articulación más sólida entre las instituciones públicas, el sector académico y el marco jurídico para garantizar que los avances tecnológicos se traduzcan en beneficios permanentes para las comunidades.
Desde esta perspectiva, el derecho agrario y el derecho ambiental adquieren un papel estratégico en la regulación de los nuevos modelos energéticos, especialmente en asuntos relacionados con ordenamiento territorial, acceso a recursos, sostenibilidad ambiental y participación comunitaria.
La academia, por su parte, fue señalada como un actor fundamental para generar conocimiento, acompañar procesos de innovación y contribuir a la formación de capacidades locales que permitan consolidar los proyectos energéticos en el largo plazo.
Durante el encuentro también se presentó una de las iniciativas que actualmente impulsa la Agencia Nacional de Hidrocarburos para fortalecer la transición energética en los territorios. Se trata de un proyecto que busca financiar 80 comunidades energéticas en zonas donde existen actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
La propuesta apunta a que los beneficios derivados de la actividad energética lleguen de manera directa a las poblaciones cercanas mediante esquemas de generación local, autogestión y aprovechamiento de fuentes renovables.
El objetivo es que estas comunidades no solo consuman energía, sino que participen activamente en su producción y gestión, fortaleciendo la autonomía energética y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo económico.
Los desafíos hacia el futuro
Aunque los avances han sido significativos, el vicepresidente de la ANH advirtió que el país aún enfrenta importantes retos para consolidar una transición energética verdaderamente justa.
Entre ellos figuran la ampliación de la cobertura en zonas apartadas, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades, la financiación de nuevos proyectos y la necesidad de garantizar que las inversiones en energías limpias generen impactos duraderos sobre la calidad de vida de la población.
La agenda futura, señaló, deberá enfocarse en convertir los avances logrados en energías renovables, autogeneración, soluciones rurales y comunidades energéticas en herramientas permanentes de desarrollo para los territorios.
El mensaje final del encuentro fue contundente: la transición energética colombiana no se medirá únicamente por los megavatios instalados, sino por su capacidad para transformar la vida de las comunidades rurales, cerrar brechas históricas y convertir la energía en un verdadero motor de desarrollo agrario y justicia territorial.
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