Incluyen a Santander entre las regiones en las que perderían vigencia las fotomultas

El Gobierno Nacional abrió una de las investigaciones más grandes realizadas hasta ahora sobre el sistema de fotomultas en Colombia. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunciaron actuaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST).

Según las autoridades, más de 7,5 millones de comparendos impuestos mediante cámaras de fotodetección están bajo revisión debido a posibles incumplimientos de los requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

La investigación reveló que 12 organismos de tránsito habrían iniciado operaciones sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento considerado indispensable para garantizar la confiabilidad de estos sistemas. Asimismo, siete organismos habrían operado con conceptos técnicos expedidos a terceros y otros 18 habrían obtenido la certificación después de haber comenzado a imponer comparendos.

Entre las entidades investigadas figuran autoridades de tránsito de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que la actuación busca proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley. “Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la legalidad. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y jurídicos, los ciudadanos no pueden asumir las consecuencias”, afirmó.

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con el volumen de sanciones impuestas. La Superintendencia estableció que los organismos investigados emitieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De esa cifra, 1.582.398 ya fueron pagados por conductores colombianos, generando recaudos superiores a los 1,05 billones de pesos.

De comprobarse las irregularidades, las autoridades de tránsito podrían verse obligadas a devolver esos recursos a los ciudadanos afectados y enfrentar sanciones económicas que superarían los 2,1 billones de pesos, equivalentes al doble de lo recaudado.

Las ciudades con mayor número de comparendos cuestionados son Cali, con cerca de 2,7 millones; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con alrededor de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil infracciones registradas mediante estos sistemas.

Además, la investigación determinó que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarían sin efectos jurídicos y deberán ser revocados de oficio por las respectivas autoridades de tránsito. La medida podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos en todo el país.

Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que la actuación no busca debilitar las estrategias de seguridad vial, sino garantizar que las herramientas tecnológicas operen dentro de la legalidad.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la confianza ciudadana y el debido proceso. Ninguna cámara de fotodetección puede funcionar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por la ley”, sostuvo.

El Gobierno Nacional indicó que continuará adelantando las investigaciones correspondientes y advirtió que mantendrá la vigilancia sobre los sistemas de fotodetección para garantizar transparencia, legalidad y respeto por los derechos de los conductores colombianos.