Tribunal de Santander quiere ponerle freno a la catarata de irregularidades que rodean las obras del Hospital de San Andrés

El pasado 12 de junio EL FRENTE publicó un informe periodístico en el que se detallan todo el rosario de anomalías que se han presentado en la ejecución de las obras del Hospital de San Andrés, hoy un fiel reflejo de todo lo que está mal en la contratación pública en Colombia. Pues bien, el reportaje no solo fue de buen recibo para todas las comunidades de la región que se declaran víctima de la ineficiencia estatal, sino que también generó contundentes reacciones en las instancias judiciales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Así es, el Tribunal Administrativo de Santander decidió intervenir frente al preocupante panorama del Hospital San José de San Andrés y en una decisión sin precedentes ordenó a la Contraloría General de la República ejercer control fiscal preventivo sobre los recursos del proyecto al tiempo que dispuso la creación de una mesa técnica permanente con plazo de tres meses para definir cómo culminar una obra que hoy acumula retrasos, modificaciones que a juicio de las comunidades no solo son incomprensibles sino ridículas, factores a los que se suman cuestionamientos sobre el manejo de millonarios recursos y el riesgo de terminar convertida en un nuevo elefante blanco.

La historia de este esperpento de la contratación pública en Colombia inició hacia el 2022 como una promesa para dignificar la atención en salud de miles de habitantes de la provincia de García Rovira.

Planeación, diseños, aprobación, certificación presupuestal, todo listo; la construcción del nuevo Hospital San José de San Andrés fue financiada con 16 mil 258 millones de pesos aportados por el Ministerio de Salud, con un inicio de obra para el año 2024.

Empezaron las trabas

Pero más se demoraron en poner la primera piedra que en presentarse las irregularidades: retrasos, suspensión de obras, modificaciones al proyecto original, la reducción de casi la mitad de la infraestructura inicialmente aprobada y las denuncias sobre el manejo de los recursos públicos, ahora se suma una decisión judicial que refleja la gravedad de la situación.

Las cifras hablan por sí solas: en el informe periodístico publicado por EL FRENTE hace 18 días se reveló que la construcción acumulaba un retraso cercano al 43 % frente al cronograma contractual. En otras palabras, mientras el proyecto debía encontrarse ejecutado en más del 94 %, el avance físico apenas superaba el 53 %.

Las visitas técnicas realizadas por funcionarios del Ministerio de Salud confirmaron además que la obra permanecía suspendida y que las modificaciones planteadas por la administración del hospital alteraban significativamente el alcance aprobado inicialmente.

Para decirlo en palabras claritas, hablamos de que en los diseños (en el papel) hay un hospital completo... hoy se ejecuta con una proyección de llegar solo a la mitad. Uno de los aspectos que mayor indignación ha generado entre la comunidad corresponde a la denominada Modificación Número 3.

Con los mismos 16.258 millones de pesos inicialmente aprobados, la propuesta presentada durante la ejecución planteaba reducir la infraestructura hospitalaria de 4.188 metros cuadrados a cerca de 2.100 metros cuadrados.

La comparación realizada por integrantes de la veeduría resume el sentimiento de muchos habitantes. "Es como si una familia contratara la construcción de una casa de dos pisos, pagara el valor completo y, cuando la obra está a medio camino, le dijeran que únicamente alcanzará para levantar un piso."

El Ministerio de Salud fue enfático al señalar que esas modificaciones no cuentan con la viabilidad técnica correspondiente y que alteran el proyecto financiado originalmente.

Millones adicionales

A la reducción del alcance se suma otra inquietud. La gerencia del hospital y el contratista solicitaron aproximadamente 8.000 millones de pesos adicionales para concluir la totalidad de la infraestructura. Si esa petición prosperara, una obra concebida para costar poco más de 16.000 millones terminaría superando los 24.000 millones de pesos.

El incremento ha despertado interrogantes sobre la planeación inicial, el desarrollo contractual y las modificaciones realizadas durante la ejecución.

Mientras tanto, persisten dudas sobre el destino de parte del anticipo entregado al contratista, equivalente al 40 % del contrato, recursos respecto de los cuales aún existen solicitudes de mayor claridad.

Para numerosos líderes comunitarios, el problema ya dejó de ser únicamente una obra retrasada y se convirtió en un símbolo de la frustración que produce ver cómo un proyecto llamado a salvar vidas permanece detenido mientras miles de personas siguen esperando una infraestructura hospitalaria moderna.

"No estamos defendiendo un edificio; estamos defendiendo el derecho de toda una provincia a recibir atención médica digna. Cada día de retraso significa más dificultades para los pacientes y más incertidumbre sobre el destino de los recursos públicos." Otro líder comunitario resume el sentimiento que hoy predomina entre muchos habitantes: "La comunidad ya cumplió pagando con sus impuestos. Ahora les corresponde a las autoridades cumplir entregando el hospital completo y no una versión reducida de lo que nos prometieron".

La Contraloría entra en escena

Ante este panorama, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia suscrita por el magistrado Iván Fernando Prada Macías, resolvió intervenir de oficio dentro de la acción popular promovida por la Veeduría Integral Pública Sanandresena, al considerar que el proyecto requiere un seguimiento institucional reforzado para impedir que termine abandonado.

En su decisión, aunque el alto tribunal negó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, adoptó dos determinaciones que representan un fuerte llamado de atención frente al estado actual de la obra.

La primera decisión ordena a la Contraloría General de la República ejercer un control fiscal preventivo y concomitante sobre el contrato de obra No. 092 de 2023 y sobre el manejo de todos los recursos transferidos por el Ministerio de Salud para la reposición total del hospital.

No se trata de una investigación fiscal ordinaria, sino de un mecanismo excepcional mediante el cual el organismo de control podrá acompañar el desarrollo del proyecto mientras aún existe la posibilidad de corregir irregularidades y evitar un mayor detrimento patrimonial.

La medida adquiere especial relevancia después de que durante los últimos meses surgieran múltiples cuestionamientos sobre la ejecución financiera del contrato.

Y en este punto hay que tener en cuenta que las denuncias ciudadanas han advertido incrementos considerables en algunos precios unitarios, modificaciones en cantidades de obra, dudas sobre la ejecución del anticipo entregado al contratista y solicitudes de nuevos recursos públicos para terminar una infraestructura que inicialmente ya contaba con financiación completa.

Para muchos habitantes de San Andrés, la intervención de la Contraloría representa la primera garantía de que alguien vigilará en tiempo real el destino de cada peso invertido en un proyecto que debía transformar la salud de toda la provincia.

Tres meses para salvar el proyecto

La segunda decisión del Tribunal busca destrabar técnicamente una obra que permanece suspendida desde el pasado 30 de abril. El despacho judicial ordenó crear una mesa técnica permanente, integrada por representantes con capacidad de decisión del Ministerio de Salud, la Gobernación de Santander, la gerencia de la E.S.E. Hospital San José, el contratista y la interventoría.

Los integrantes tendrán un plazo máximo de tres meses para presentar una salida concreta. La misión será responder una pregunta que hoy preocupa a toda la comunidad: ¿Cómo terminar el hospital sin sacrificar el proyecto originalmente aprobado?

La mesa deberá establecer si la obra puede finalizarse mediante el contrato vigente, si requiere una adición presupuestal técnicamente sustentada o si será necesario acudir a otros mecanismos contractuales que permitan materializar la reposición total de la infraestructura hospitalaria aprobada por el Ministerio de Salud.

En otras palabras, el Tribunal exige que las entidades dejen de trasladarse responsabilidades entre sí y presenten soluciones reales.