Restitución de tierras en Santander:  víctimas, jueces y nuevos despojados

La restitución de tierras sigue siendo una tarea gigantesca, marcada por avances históricos, rezagos judiciales y nuevos dilemas sociales que hace una década casi nadie anticipaba. Esa es talvez la conclusión más importante tras un extenso y detallado diálogo entre Aura Bolívar, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras, y Periódico EL FRENTE, donde la funcionaria encargada de resarcir las huellas del desplazamiento forzado y el despojo, propiciado por todos los actores armados ilegales, detalló los retos que tiene la ley a cinco años de cumplirse el plazo máximo de su aplicación.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

No hay duda. La conversación con Periódico EL FRENTE terminó convertida en una minuciosa radiografía de una de las políticas más sensibles nacidas tras la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una política que no solo busca devolver predios arrebatados por la guerra, sino intentar reconstruir vidas enteras destruidas por el desplazamiento forzado, las amenazas paramilitares, las incursiones guerrilleras y el despojo sistemático que marcó regiones como el Magdalena Medio santandereano.

El dato más revelador del balance presentado por Bolívar fue este: la Unidad pasó de reconocer apenas 35 de cada 100 solicitudes en etapa administrativa a aceptar hoy 72 de cada 100 casos. Un cambio que, según la funcionaria, representa la principal transformación institucional de los últimos años.

La cifra adquiere especial importancia si se tiene en cuenta que durante más de una década, una de las críticas recurrentes contra la Unidad de Restitución era precisamente la alta tasa de negaciones de tal manera que muchas víctimas sentían que sobrevivían primero al conflicto y después a una burocracia que les cerraba las puertas del proceso de restitución.

“Cuando llegamos encontramos que 65 de cada 100 solicitudes eran negadas”, explicó Bolívar. En otras palabras, la mayoría de los reclamantes nunca alcanzaba siquiera a llegar ante un juez especializado porque sus casos morían en la primera etapa administrativa.

En Santander avanza pese a las dificultades

El panorama resultaba especialmente crítico en regiones como Santander y el Magdalena Medio, una de las zonas más golpeadas históricamente por la disputa entre guerrillas, paramilitares y estructuras criminales ligadas al narcotráfico y al control territorial.

De acuerdo con las cifras entregadas durante la entrevista, la Dirección Territorial Magdalena Medio ha recibido más de 11.000 solicitudes de restitución de tierras, casi el 10% del total nacional, que asciende actualmente a cerca de 174.000 reclamaciones.

La dimensión del fenómeno revela el tamaño de la tragedia regional. Municipios del Magdalena Medio santandereano fueron durante décadas corredores estratégicos de guerra, donde miles de familias campesinas abandonaron fincas, parcelas y predios bajo presión armada.

Sin embargo, pese a esa realidad, la territorial tenía una de las tasas de negación más altas del país. Aura Bolívar reveló que antes de la actual administración apenas el 21% de las decisiones correspondían a inclusiones en el registro de tierras despojadas.

“Era durísimo porque esta es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado”, reconoció la funcionaria. Hoy, según el balance oficial, la tasa de inclusión en la territorial pasó al 53%, un salto de más de 30 puntos porcentuales. A nivel nacional, la entidad mantiene un promedio cercano al 68% de decisiones favorables en etapa administrativa.

Detrás de ese cambio hubo una revisión profunda de criterios internos, lineamientos jurídicos y mecanismos de evaluación. Bolívar explicó que se crearon “perfiles de calidad”, grupos profesionales encargados de revisar previamente las decisiones antes de su emisión, con el fin de evitar exclusiones injustificadas.

El impacto político y humano de esas cifras es enorme. Cada inclusión significa que una víctima logra avanzar hacia la etapa judicial y obtener la posibilidad real de recuperar su tierra.

Según los datos presentados, de las más de 7.700 solicitudes resueltas administrativamente en Magdalena Medio, unas 2.045 ya fueron inscritas en el registro y 1.798 se encuentran demandadas ante jueces especializados, equivalente al 88% de los casos habilitados para etapa judicial.

EL cuello de botella: la lentitud judicial

Actualmente, los jueces especializados en restitución de tierras de la región tienen más de 1.700 procesos activos y apenas se ha emitido sentencia en 777 casos, es decir, el 43%. El restante 57% continúa represado. La situación es todavía más compleja en restitución étnica, donde cerca del 90% de los procesos siguen pendientes de fallo judicial.

El rezago preocupa porque la Ley de Víctimas tiene vigencia hasta 2031, tras haber sido prorrogada por la Corte Constitucional, que desde 2019 ya advertía que el Estado no alcanzaría a cumplir la tarea inicial dentro del plazo previsto.

Sin embargo, el problema es más profundo: el conflicto armado no terminó. Bolívar reconoció que las solicitudes continúan llegando porque persisten nuevas formas de desplazamiento y despojo en distintas regiones del país. Mientras el gobierno de Iván Duque recibió poco más de 21.000 solicitudes en cuatro años, la actual administración ya supera las 21.800 reclamaciones sin haber terminado su periodo. Eso significa que el universo de víctimas sigue creciendo.

Pero uno de los capítulos más delicados de la entrevista tuvo que ver con los llamados terceros intervinientes o segundos ocupantes de buena fe, quizá uno de los temas jurídicos y sociales más complejos que ha dejado la restitución de tierras en Colombia.

Durante los primeros años de aplicación de la ley, el debate se concentró casi exclusivamente en las víctimas originales del despojo. Sin embargo, con el avance de los procesos apareció otro fenómeno: personas que habían comprado predios afectados por desplazamiento sin tener relación alguna con grupos armados ni con el despojo original.

Muchos adquirieron esas tierras años después, pagaron precios aparentemente legales, construyeron viviendas, sembraron cultivos y levantaron proyectos productivos sin conocer el pasado violento de los terrenos.

Cuando comenzaron las sentencias de restitución, algunos de ellos quedaron atrapados en una especie de limbo jurídico y humano: no eran despojadores, pero podían perder la propiedad porque el derecho internacional obliga al Estado a devolver las tierras a las víctimas originales.

El concepto de “buena fe exenta de culpa”

Aura Bolívar explicó que ese estándar exige demostrar no solo que la persona actuó creyendo legal su compra, sino que además realizó todas las verificaciones necesarias para asegurarse de que el predio no provenía de despojo, testaferros o vínculos con actores armados. En términos prácticos, el tercero debe probar que revisó documentos, verificó antecedentes jurídicos y actuó conforme a derecho.

Pero la propia Corte Constitucional advirtió desde 2016 que ese estándar podía resultar excesivamente complejo para campesinos y personas vulnerables que muchas veces compraron tierras sin asesoría jurídica especializada.

Por eso, durante el actual gobierno se fortalecieron medidas específicas para segundos ocupantes a través del Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente mediante el Decreto 1623 de 2023. La lógica detrás de esas reformas intenta evitar nuevas formas de victimización.

“La ley internacional dice que el Estado tiene el deber de restituir las tierras a las víctimas y compensar a quienes actuaron de buena fe”, explicó Bolívar.

Eso significa que si un juez determina que el predio debe regresar a la víctima original, el segundo ocupante puede recibir medidas de protección dependiendo de su situación socioeconómica.

Por ejemplo, si el ocupante dependía del predio para vivienda, el Estado debe garantizar soluciones habitacionales. Si además vivía de actividades agrícolas o productivas en la tierra, puede recibir proyectos productivos o medidas de estabilización económica.

La funcionaria insistió en que los jueces valoran cada caso individualmente. No es lo mismo un gran empresario que adquirió tierras sospechosas durante el conflicto que una familia campesina que compró de buena fe una pequeña parcela años después.

Ese enfoque busca corregir uno de los mayores temores que surgieron alrededor de la restitución: que el remedio terminara creando nuevas víctimas.