Por no evitar suministro de agua putrefacta sancionan exsecretaria de una alcaldía en Santander

El caso revive una problemática estructural que desde hace años golpea a múltiples municipios de Santander y otras regiones del país: la dificultad para garantizar agua potable de manera continua y segura. Aunque Colombia posee enormes reservas hídricas, muchas poblaciones pequeñas todavía enfrentan redes de acueducto deterioradas, plantas de tratamiento obsoletas y bajos niveles de inversión en infraestructura sanitaria.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El acceso al agua potable volvió a convertirse en el centro de un escándalo disciplinario en Santander. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses a la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, Dania Katherine Sandoval Cote, tras concluir que durante su gestión se habría permitido el suministro de agua no apta para el consumo humano a la población del municipio.

La decisión, emitida en fallo de primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, pone nuevamente bajo la lupa las graves deficiencias históricas en los sistemas de acueducto y saneamiento básico que afectan a numerosos municipios santandereanos, donde el acceso al agua potable sigue dependiendo más de la suerte climática y la precariedad institucional que de una infraestructura verdaderamente segura.

Según el Ministerio Público, la entonces funcionaria incumplió su deber de supervisar, controlar y monitorear los procesos de potabilización y distribución del agua durante varios periodos de 2022 y comienzos de 2023, específicamente en enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2022, además de enero y febrero de 2023.

La investigación disciplinaria determinó que, durante esos meses, el agua suministrada a la comunidad presentó niveles considerados sanitariamente inviables o de alto riesgo de acuerdo con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), uno de los principales indicadores técnicos utilizados en Colombia para medir la seguridad del recurso hídrico que llega a hogares, escuelas, hospitales y establecimientos públicos.

El IRCA funciona casi como un termómetro invisible del agua que consumen los colombianos. Cuando el indicador supera ciertos límites, las autoridades sanitarias consideran que el líquido puede representar riesgos para la salud humana debido a contaminación microbiológica, deficiencias en desinfección o presencia de elementos nocivos. En municipios con sistemas frágiles de tratamiento, esos niveles suelen dispararse durante temporadas de lluvias intensas, daños en las plantas o fallas de operación.

Para la Procuraduría, lo ocurrido en El Playón no fue una simple falla técnica ni un episodio aislado de deterioro en el servicio, sino una omisión grave de funciones administrativas que terminó poniendo en peligro la salud pública de la población.

El organismo de control sostuvo que Sandoval Cote desconoció el principio de moralidad administrativa, uno de los pilares que rigen la función pública en Colombia, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar que el agua distribuida cumpliera las condiciones sanitarias exigidas por la normatividad nacional.

La conducta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, una de las categorías disciplinarias más severas contempladas en el régimen aplicable a servidores públicos. En términos prácticos, la Procuraduría consideró que existió una negligencia extrema frente a un servicio esencial para la comunidad.

Falta de control injustificable

En municipios intermedios y rurales, las alertas por agua con riesgo sanitario suelen repetirse silenciosamente sin generar mayor impacto mediático, pese a que las consecuencias pueden traducirse en enfermedades gastrointestinales, infecciones, afectaciones en niños y adultos mayores e incluso brotes epidemiológicos.

La situación adquiere mayor sensibilidad porque la Secretaría de Planeación e Infraestructura tenía dentro de sus responsabilidades precisamente la vigilancia sobre el funcionamiento de estos sistemas. La Procuraduría concluyó que la exfuncionaria omitió acciones de seguimiento y control indispensables para prevenir que agua no apta llegara a la población.

El expediente disciplinario también deja al descubierto una realidad frecuente en muchos municipios: la fragilidad institucional en la gestión del agua potable. En varias alcaldías pequeñas, las oficinas encargadas de infraestructura y servicios públicos operan con limitaciones técnicas, escaso personal especializado y sistemas de monitoreo insuficientes, factores que terminan aumentando el riesgo sanitario.

Sin embargo, para el ente de control esas dificultades no eximen la responsabilidad funcional de quienes tienen a cargo la supervisión del servicio.

El caso de El Playón se suma así a una larga lista de investigaciones disciplinarias y fiscales relacionadas con fallas en acueductos municipales, manejo deficiente de plantas de tratamiento y problemas de calidad del agua en distintas regiones del país. En muchas ocasiones, las advertencias técnicas sobre el deterioro del recurso hídrico terminan acumulándose durante meses sin respuestas oportunas por parte de las administraciones locales.

La sanción contra la exsecretaria todavía corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que la decisión puede ser apelada dentro del proceso disciplinario. No obstante, el pronunciamiento de la Procuraduría ya deja un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a uno de los servicios más básicos y sensibles para cualquier comunidad: garantizar que el agua que sale de la llave no se convierta en una amenaza silenciosa para la salud pública.