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¿Qué pasa legalmente cuando un menor es abandonado en Colombia?

En Colombia, el abandono de un menor puede ser delito y activa un proceso para verificar sus derechos, localizar a su familia y definir su protección antes de cualquier decisión jurídica.

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El abandono de un menor puede constituir un delito y activar un proceso de restablecimiento de derechos para garantizar su protección integral.

 

 

En Colombia, el artículo 127 del Código Penal establece que el abandono de un menor de doce años o de una persona que no pueda valerse por sí misma puede constituir un delito, con penas de 32 a 108 meses de prisión. La pena puede aumentar cuando el abandono ocurre en un lugar despoblado o solitario.

Sin embargo, cuando un menor es encontrado en estas circunstancias, no pasa automáticamente a un proceso de adopción ni puede quedar bajo el cuidado de la persona que lo encontró. Las autoridades competentes deben garantizar primero su protección y realizar una verificación de derechos para conocer su estado de salud, sus condiciones y su entorno familiar.

A partir de allí puede iniciarse un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), en el que se busca identificar a la familia de origen y extensa y determinar si existe algún familiar que pueda garantizar adecuadamente el cuidado del menor.

“Encontrar a un niño en situación de abandono no significa que automáticamente sea adoptable. Lo primero es garantizar su protección, verificar sus derechos y buscar dentro de su familia una persona que pueda hacerse cargo de él. Solo después de este procedimiento puede determinarse su situación jurídica”, explica Jimmy Jiménez, abogado especialista en familia del bufete Integrity Legal.

En este proceso también se analiza la situación de los padres. Dependiendo de las circunstancias y de las decisiones de la autoridad competente, pueden establecerse medidas y compromisos para restablecer y garantizar los derechos del menor. Sin embargo, si se configura el delito de abandono, la persona responsable podría enfrentar además una investigación penal.

Así, el abandono y la adopción son situaciones jurídicas diferentes: mientras el proceso de restablecimiento de derechos busca proteger al menor y definir quién puede hacerse cargo de él, si no se logra en su entorno familiar, como último recurso se declara en adoptabilidad, por su parte el proceso penal busca determinar si existió responsabilidad por la conducta de abandono y reprobar la comisión del delito con la sanción establecida en la ley.