Le clavan millonaria sanción a un exalcalde en Santander por no haber cumplido con su deber

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al exalcalde de Puerto Wilches, Jairo Demis Toquica Aguilar, quien gobernó el municipio santandereano entre 2020 y 2023, tras determinar que incumplió requerimientos realizados por una autoridad de policía dentro de un proceso relacionado con la recuperación de espacio público.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que concluyó que el entonces mandatario omitió atender las solicitudes formuladas por el inspector central de Policía de Puerto Wilches, afectando el desarrollo de un procedimiento policivo dirigido a desalojar ocupaciones irregulares en un sector de vía pública del municipio.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos se remontan a un proceso policivo adelantado contra personas señaladas de invadir una zona considerada espacio público.

Dentro de ese trámite, el inspector central de Policía solicitó formalmente el apoyo de la Alcaldía para realizar las caracterizaciones socioeconómicas de las familias involucradas.

“Este procedimiento era considerado un paso fundamental antes de ejecutar la orden de desalojo, ya que permitía identificar las condiciones de vulnerabilidad de los ocupantes y establecer medidas de acompañamiento institucional”, indicó en su resolución el ministerio público.

Sin embargo, según la investigación disciplinaria, el entonces alcalde no atendió los requerimientos ni dispuso las acciones necesarias para dar cumplimiento a la orden emitida por la autoridad policiva.

La Procuraduría concluyó que esa omisión impidió avanzar de manera adecuada en la ejecución de la decisión administrativa y representó un incumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los mandatarios locales en materia de apoyo a las actuaciones de policía.

Tras analizar las pruebas recopiladas durante el proceso, el Ministerio Público determinó que Toquica Aguilar desconoció su deber legal de colaborar con la ejecución de la orden policiva. Por esa razón, el ente de control calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías disciplinarias más severas contempladas en la legislación colombiana para servidores públicos.

La Procuraduría sostuvo que los alcaldes, en su condición de primeras autoridades de policía en los municipios, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes y de brindar el apoyo institucional requerido para su ejecución.

Como sanción, el organismo impuso una suspensión de diez meses del ejercicio del cargo. No obstante, debido a que el exfuncionario ya no ocupa la Alcaldía de Puerto Wilches, la medida no podrá hacerse efectiva en los términos inicialmente previstos.

En consecuencia, la Procuraduría ordenó convertir el tiempo de suspensión en una sanción económica equivalente a los salarios devengados por el exmandatario al momento de los hechos investigados.

De esta manera, la sanción se traduce en una multa de 53.760.600 pesos, suma que deberá asumir el exalcalde como resultado de la decisión disciplinaria.