La crisis vial que golpea al sur de Santander y al corredor estratégico de la Transversal del Carare se ha convertido en el símbolo más reciente del abandono estatal que denuncian comunidades, transportadores, campesinos, comerciantes e ingenieros de la región. Derrumbes, cierres constantes, pasos improvisados, pérdidas económicas y aislamiento territorial hacen parte del panorama diario que enfrentan miles de habitantes de municipios como Vélez, Landázuri, Cimitarra y Santa Helena del Opón, mientras las soluciones definitivas siguen atrapadas entre promesas, trámites y anuncios oficiales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Aunque en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación logró concertar varios compromisos entre contratistas, autoridades y el Ministerio de Transporte para avanzar en la recuperación de la Ruta Nacional 62, conocida como la Transversal del Carare, el inconformismo ciudadano persiste debido a la lentitud de las respuestas y al deterioro progresivo de uno de los corredores más importantes del oriente colombiano.

La emergencia se originó tras el gigantesco desplazamiento en masa registrado el 25 de octubre de 2025, fenómeno natural que arrasó viviendas, destruyó cultivos, interrumpió servicios públicos y dejó incomunicadas extensas zonas rurales y urbanas del sur del departamento.

Habrá sido tanta la magnitud de la tragedia que obligó a las autoridades obligó a declarar la calamidad pública tanto a nivel municipal como departamental. Sin embargo, siete meses después, las comunidades continúan transitando por corredores inestables, trochas improvisadas y pasos restringidos que se convierten en una trampa cada vez que arrecian las lluvias.

Soluciones definitivas o pañitos de agua tibia

La Procuraduría intervino en medio de la creciente presión social y técnica para coordinar acciones urgentes orientadas a habilitar temporalmente el paso vehicular en sectores críticos de Vélez, Landázuri y Cimitarra, municipios que dependen casi exclusivamente de esta vía para garantizar el abastecimiento, el comercio y la conexión con el resto del país.

Hay que tener en cuenta que la Transversal del Carare no es una carretera secundaria cualquiera. Se trata de un corredor estratégico que conecta el Magdalena Medio y la Ruta del Sol con el sur de Santander y Boyacá. Desde Bucaramanga, esta arteria vial permite enlazar regiones productivas agrícolas, ganaderas y comerciales mediante un trayecto de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa zonas montañosas históricamente vulnerables a derrumbes y movimientos de tierra.

En condiciones normales, el recorrido puede tomar entre tres y cinco horas. Sin embargo, hoy el tiempo de viaje es incierto. Conductores de carga pesada, campesinos y viajeros denuncian jornadas interminables atrapados en filas kilométricas, cierres repentinos y puntos donde apenas cabe un vehículo sobre terrenos inestables sostenidos con rellenos provisionales.

La situación ha generado indignación generalizada entre los habitantes de la región, quienes aseguran sentirse olvidados por el Gobierno Nacional pese a que Santander es uno de los departamentos que más aporta a la economía del país.

La alerta más fuerte fue emitida meses atrás por la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI), que advirtió que Santander se encuentra “a un derrumbe de quedar aislado del resto del país”. La agremiación responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por la falta de inversión suficiente, la demora en obras estratégicas y la ausencia de planificación frente a una problemática geológica que, según los expertos, había sido advertida desde hace años.

La crisis afecta no solo la Transversal del Carare, sino también la Ruta 45A, otro corredor fundamental para conectar Santander con Boyacá, Cundinamarca y el centro del país.

En sectores como La Charca, en Oiba, y entre La Hélida y Bajo Jordán, se han activado enormes depósitos de materiales inestables conocidos como coluviones, provocando bloqueos recurrentes y aumentando el riesgo de un colapso total de la movilidad regional.

Según la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la infraestructura vial actual opera desde hace años por debajo de su capacidad real. A esto se suma el incremento del tránsito pesado y la falta de ejecución de proyectos de ampliación, dobles calzadas y terceros carriles cuyos diseños existen desde hace tiempo, pero que nunca fueron materializados.

“Lo que hoy ocurre era completamente previsible”, advirtieron los ingenieros en una comunicación enviada al Ministerio de Transporte y al Invías.

La molestia ciudadana también se concentra en el manejo de los recursos provenientes de los peajes instalados sobre estos corredores. Líderes sociales y comunidades reclaman que, pese a los millonarios recaudos realizados durante años, las vías continúan en condiciones críticas.

Según cálculos de la SSI, desde 2015 los peajes del corredor habrían recaudado cerca de 1,1 billones de pesos, cifra que contrasta con el deterioro visible de la infraestructura y las obras inconclusas.

La indignación llegó a tal punto que en octubre del año pasado habitantes de varios municipios levantaron las talanqueras de algunos peajes durante protestas contra el abandono vial y la falta de soluciones concretas. Para las comunidades afectadas, el problema ya dejó de ser únicamente técnico y se convirtió en una crisis económica y social.

Por ejemplo, los transportadores reportan aumento en los costos de operación debido a retrasos permanentes y daños mecánicos ocasionados por el mal estado de la carretera. Comerciantes denuncian dificultades para abastecer sus negocios y campesinos aseguran que gran parte de sus productos agrícolas se pierden antes de llegar a los mercados.

La situación también afecta el turismo en provincias como Guanentá, Vélez y Comunera, además de comprometer la movilidad estudiantil y el acceso oportuno a servicios médicos para cientos de familias rurales.

En medio de este panorama, la Procuraduría anunció que hará seguimiento a los compromisos adquiridos por contratistas y entidades nacionales para garantizar soluciones de fondo y no únicamente intervenciones temporales.

Sin embargo, en las comunidades persiste el escepticismo. Los habitantes aseguran estar cansados de reuniones, mesas técnicas y anuncios institucionales mientras continúan atravesando carreteras destruidas y expuestos permanentemente al riesgo de nuevos derrumbes.

Por otra parte, la Sociedad Santandereana de Ingenieros insistió en que los recursos para intervenir los corredores sí existen. La agremiación propuso utilizar dineros provenientes de peajes y cerca de 967 mil millones de pesos que no fueron ejecutados en la concesión Autovía Bucaramanga–Pamplona.

Con esos recursos, según los expertos, sería posible financiar proyectos definitivos ya diseñados para ampliar y modernizar la Ruta 45A y otros tramos estratégicos. “Los estudios están listos. El dinero existe. Lo que falta es voluntad política”, reiteró la organización.

Mientras tanto, miles de habitantes del sur de Santander siguen atrapados entre la incertidumbre, los derrumbes y la sensación de abandono estatal. Cada aguacero revive el temor de quedar completamente incomunicados y cada día sin soluciones aumenta la percepción de que el departamento continúa esperando una respuesta que desde Bogotá nunca termina de llegar.