“Ya que usted es le hace favores a los criminales, haga el favor de buscarse un nuevo trabajo”: Procurador a procuradora que se prestó como correo entre el negro Ober y el presidente

Si alguien confundió la función disciplinaria con el servicio de mensajería criminal, entonces la pregunta que hoy es pertinente hacer es tan sencilla como ácida: ¿ya buscó otro trabajo? Porque en Colombia hay oficios difíciles, pero ninguno debería incluir llevarle razones de un cabecilla criminal al presidente de la República.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación declaró insubsistente a Magda Liliana Buendía Chacón, quien se desempeñaba como procuradora Regional de Instrucción de Santander. La decisión, firmada por el procurador general Gregorio Eljach, llega en medio de versiones periodísticas que la relacionan con supuestos contactos con el peligroso cabecilla criminal alias ‘Negro Ober’, quien habría intentado utilizarla como mensajera para hacerle llegar razones al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La entidad no ha confirmado que esos señalamientos sean la causa de su salida.

Hay cargos públicos que exigen independencia, rigor jurídico y respeto absoluto por las instituciones. Y hay quienes, según las versiones que circulan, parecen entender la función pública como una oficina de correspondencia con servicio especial para personajes que deberían estar respondiendo ante la justicia.

El caso de Magda Liliana Buendía Chacón ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué estaba haciendo una funcionaria de la Procuraduría, cuya misión es velar por la disciplina y la moralidad administrativa, en medio de supuestos contactos con uno de los cabecillas criminales más peligrosos del país?

Las versiones periodísticas señalan que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como ‘Negro Ober’ y señalado integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’, habría intentado utilizar a la entonces procuradora como un puente para enviarle un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

De confirmarse una conducta de esa naturaleza, el asunto sería de una gravedad mayúscula. Porque una cosa es ejercer las funciones constitucionales de un procurador y otra, muy distinta, terminar convertido en correo humano de un delincuente recluido en una cárcel de máxima seguridad.

En ese escenario, la pregunta ciudadana sería inevitable: ¿para eso se necesita una procuradora regional? ¿Para garantizar el cumplimiento de la ley o para llevar razones de un cabecilla criminal hasta el despacho presidencial?

Una salida oficial, pero sin explicaciones de fondo

La decisión de retirar a Buendía Chacón se produjo mediante el Decreto 1825, por el cual se declaró insubsistente su nombramiento como procuradora Regional de Instrucción de Santander.

El documento establece que se trata de una decisión discrecional, relacionada con la naturaleza del cargo. Sin embargo, no expone una causa disciplinaria específica ni identifica una actuación concreta que haya motivado la salida.

Y aquí aparece el detalle que deja a la opinión pública con más preguntas que respuestas: mientras el decreto habla de una decisión discrecional, las versiones sobre sus supuestos contactos con el ‘Negro Ober’ circulan con fuerza y reclaman una explicación institucional.

La Procuraduría no ha confirmado oficialmente que esos señalamientos sean la razón de la declaratoria de insubsistencia. Por tanto, no sería responsable presentar como un hecho probado que la funcionaria actuó como intermediaria del cabecilla criminal.Pero tampoco sería serio hacer como si la controversia no existiera.

El Negro Ober, recluido en Palogordo

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, luego de su reciente traslado a este centro penitenciario.

Se trata de un personaje que, por su perfil criminal y los señalamientos que pesan sobre él, no debería tener acceso privilegiado a los pasillos del poder. Mucho menos mediante supuestos intermediarios vinculados a organismos de control.

La sola posibilidad de que un cabecilla encarcelado busque hacer llegar mensajes al jefe de Estado a través de una funcionaria pública debería encender todas las alarmas institucionales porque si las cárceles tienen puertas, rejas y protocolos, ¿para qué necesitaría un delincuente una línea directa con la Presidencia? Y si alguien desde el Estado se prestara para facilitar ese contacto, la pregunta sería todavía más incómoda: ¿quién estaba vigilando a los vigilantes?