Procuraduría pone bajo investigación al alcalde y cuatro exfuncionarios de El Playón por presunto desacato judicial

Cinco servidores públicos del municipio de El Playón (Santander) están en la mira de las autoridades disciplinarias por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba el pago de una obligación de carácter prestacional reconocida a una ciudadana. El caso, que compromete a dos alcaldes y tres exsecretarios de Hacienda y Tesorería, también involucra una medida cautelar de embargo que habría recaído sobre cuentas bancarias y rentas municipales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con apartes del expediente a los que tuvo acceso EL FRENTE la decisión disciplinaria pone bajo la lupa la gestión administrativa y financiera de esta población santandereana al advertir que, entre 2022 y 2025, la administración municipal habría tenido conocimiento del estado de ejecución del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, sin que, presuntamente, se adoptaran las medidas suficientes para atender la obligación económica.

El pliego de cargos cobija al actual alcalde de El Playón, Luis Ambrosio Alarcón López, quien ejerce el periodo 2024-2027, y al exmandatario Wilmer Alexander Barrios Cote, alcalde durante el periodo 2020-2023.

También fueron vinculados José Humberto Jaimes Romero, exsecretario de Hacienda y Tesorería entre 2024 y 2025; Harold Pinzón Gamboa, quien ocupó ese cargo entre el 3 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023; y Karol Irley Prado Bautista, quien desempeñó funciones en esa dependencia entre el 11 de julio y el 31 de diciembre de 2023.

Según la Procuraduría, los investigados habrían omitido el cumplimiento de las obligaciones derivadas de una decisión judicial, pese a que la administración municipal conocía el avance de su ejecución. El ente de control cuestiona que no se hubieran desplegado actuaciones administrativas, financieras, presupuestales y de gestión suficientes, concretas y documentadas para garantizar el pago.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación para la ciudadanía es la presunta afectación de las cuentas bancarias y rentas de El Playón como consecuencia de la medida cautelar de embargo originada en el supuesto incumplimiento del fallo.

La Procuraduría señaló que esta situación evidenciaría posibles dificultades en la gestión financiera municipal y en la eficacia de la función administrativa para superar la obligación judicial. En términos prácticos, el caso plantea interrogantes sobre la capacidad de la Alcaldía para atender oportunamente sus compromisos, proteger los recursos públicos y evitar que las decisiones judiciales terminen afectando el funcionamiento de la administración.

La obligación económica reconocida a la ciudadana tiene carácter prestacional. Sin embargo, la información divulgada por el Ministerio Público no precisa el valor total de la deuda, la fecha exacta de la sentencia ni el monto del embargo. Estos datos serán determinantes para establecer la dimensión fiscal del proceso y sus posibles consecuencias para las finanzas del municipio.

La nueva actuación disciplinaria se conoce en un contexto de anteriores investigaciones y decisiones de control que han involucrado a funcionarios de El Playón. En septiembre de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga notificó la apertura de una investigación disciplinaria contra Wilmer Alexander Barrios Cote, en su condición de alcalde para la época de los hechos, dentro del proceso IUS-2023-663498 e IUC-D-2024-3276092.

Asimismo, en febrero de 2026, el Ministerio Público abrió otra investigación contra Luis Ambrosio Alarcón López y José Humberto Jaimes Romero, por hechos relacionados con sus funciones como alcalde y secretario de Hacienda del municipio. Estos antecedentes corresponden a actuaciones distintas y no deben confundirse con el actual pliego de cargos por presunto incumplimiento judicial.

El nombre de Alarcón López también ha figurado en un proceso penal por hechos relacionados con su primera administración. En noviembre de 2025, medios nacionales reportaron que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó una condena de siete años de prisión por irregularidades en contratación pública ocurridas en 2009. Este antecedente es independiente de la investigación disciplinaria que ahora adelanta la Procuraduría por el supuesto incumplimiento de una sentencia prestacional.

La investigación continúa

Provisionalmente, la Procuraduría calificó las faltas atribuidas a los cinco investigados como graves, cometidas a título de culpa grave. El expediente fue remitido a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, autoridad competente para continuar con el trámite disciplinario.

La formulación de cargos no constituye una condena ni establece responsabilidad definitiva. Los funcionarios vinculados tienen derecho a ejercer su defensa dentro del proceso y a presentar las explicaciones y pruebas que consideren pertinentes.

Para los habitantes de El Playón, el asunto trasciende el escenario disciplinario: se trata de conocer si la administración municipal cumplió sus obligaciones con una ciudadana, qué actuaciones se realizaron para evitar el embargo y si los recursos públicos fueron gestionados de manera oportuna y eficiente.

Mientras avanza el proceso, queda pendiente establecer el monto de la obligación, el alcance real de la medida cautelar y las acciones que la Alcaldía ha adoptado para superar la situación. La ciudadanía espera respuestas claras sobre el manejo de las finanzas municipales y el cumplimiento de las decisiones judiciales.