La congresista santandereana Jennifer Pedraza, quien fue la principal denunciante del caso de los títulos presuntamente irregulares relacionados con Juliana Guerrero, calificó como una buena señal que la justicia haya actuado, pero manifestó su indignación por lo que considera una condena demasiado baja frente a la gravedad de los hechos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Guerrero reconoció recientemente su responsabilidad en la falsificación de títulos universitarios expedidos por la Fundación Universitaria San José, en un proceso relacionado con su permanencia como delegada del Gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La justicia le impuso una condena de tres años, decisión que para Pedraza no debería significar el cierre del caso.

“Por un lado me alegra porque en un país caracterizado por la impunidad el hecho de que la justicia opere, por supuesto que es una buena señal. Sin embargo, no puedo evitar expresarles mi sensación de que me parece una sanción muy baja, muy corta para el tamaño del delito”, afirmó la congresista.

Pedraza recordó que Guerrero inicialmente negó haber cometido las conductas por las cuales terminó siendo condenada y señaló que, además, durante el proceso judicial emprendió acciones en su contra. Según la representante, uno de los aspectos que más le llamó la atención de las declaraciones entregadas por Guerrero al reconocer su responsabilidad fue la manera en que, a su juicio, quedaron por fuera del foco otros actores relacionados con la institución que expidió los documentos.

Para la congresista, el episodio no puede reducirse exclusivamente a la conducta individual de Guerrero. Su principal preocupación apunta ahora hacia la Fundación Universitaria San José y hacia quienes ejercen su representación legal.

“Más allá solo del caso de Juliana Guerrero, aquí debería haber una investigación profunda, porque nosotros hemos demostrado que no es solo el título de Juliana el que es irregular. La Fundación Universitaria San José emitió centenares de títulos que no cumplen con los requisitos legales y al día de hoy no ha pasado nada”, sostuvo Pedraza.

La congresista pidió, por ello, que las autoridades investiguen si detrás del caso existe una práctica más amplia de expedición irregular de títulos universitarios y que se establezcan las responsabilidades que correspondan, en lugar de dar por terminado el capítulo con la condena de una sola persona.

Pedraza también dirigió sus críticas contra el expresidente Gustavo Petro, al cuestionar que, pese a las denuncias y evidencias que rodeaban el caso, mantuviera su respaldo político a Guerrero durante su administración.

“Por último no les niego mi indignación frente al hecho de que el presidente Gustavo Petro hasta el último día de su gobierno haya salido a defender a Juliana Guerrero y la haya mantenido como su delegada en el Consejo Superior Universitario de una universidad pública tan importante como la Universidad Popular del Cesar”, manifestó.

La representante consideró particularmente grave que una persona cuestionada por la autenticidad de sus títulos hubiera continuado participando en las decisiones de una institución pública de educación superior. En su opinión, la situación terminó enviando un mensaje contradictorio a los estudiantes que deben cumplir con los requisitos académicos para obtener legítimamente sus títulos.

“Gente que de verdad estaba estudiando y sudándolo para conseguir un título universitario teniendo que ver que en su Consejo Superior quienes están tomando las decisiones hay una persona corrupta como Juliana que consiguió su título de manera ilegal, quizás comprado”, expresó.

Con sus declaraciones, Pedraza planteó que la discusión tras la condena de Guerrero apenas comienza. Para la congresista, el desafío de las autoridades consiste ahora en determinar si los hechos corresponden a un episodio aislado o si existen más casos de títulos presuntamente irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, así como establecer las eventuales responsabilidades de quienes hayan intervenido en esas actuaciones.

El caso vuelve así a poner sobre la mesa los controles sobre la expedición de títulos universitarios, la responsabilidad de las instituciones de educación superior y los criterios utilizados por los gobiernos para designar representantes en los órganos directivos de las universidades públicas.