Vuelve y juega: recusaciones enredan las sesiones extraordinarias del Concejo de Bucaramanga

El accidentado inicio de las sesiones extraordinarias en el Concejo de Bucaramanga evidencia cómo persiste el abuso de herramientas jurídicas, como las recusaciones, las cuales si bien pretenden garantizar transparencia en la actuación de los concejales su trámite también puede alterar el ritmo de discusión de iniciativas fundamentales para Bucaramanga, al punto de que pase lo peor que puede ocurrir en un concejo municipal: que no pase nada.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El inicio de las sesiones extraordinarias del Concejo de Bucaramanga resultó mucho más accidentado de lo previsto. Apenas transcurrido el primer día de deliberaciones, la Secretaría General de la corporación recibió una serie de recusaciones contra varios cabildantes, situación que paralizó de inmediato el estudio y votación de algunos de los proyectos más importantes convocados por el alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez, tal y como ocurrió hace unas semanas cuando se utilizó el mismo recurso para frenar el estudio del empréstito más cuantioso, proyecto que aún no ha podido iniciar su fase de análisis.

Las sesiones extraordinarias fueron convocadas mediante el Decreto 0088 del 8 de mayo y se extenderán hasta el 31 de mayo. Durante este periodo, el Concejo debía analizar nueve proyectos de acuerdo relacionados con el Plan de Desarrollo 2026-2027, adiciones presupuestales, beneficios tributarios, descuentos a infractores de tránsito, recursos para el deporte, conservación ambiental y la elección del nuevo contralor municipal.

Sin embargo, el ambiente político y administrativo cambió drásticamente tras la presentación de recusaciones que obligaron a suspender varios debates, justo cuando el tiempo apremia para sacar adelante decisiones fundamentales para el futuro de la ciudad.

Uno de los proyectos más afectados es el Plan de Desarrollo 2026-2027 de Bucaramanga, documento que definirá las metas y prioridades del gobierno de Portilla durante los dos años restantes de su mandato.

El concejal Diego Lozada advirtió que la recusación presentada contra varios corporados suspendió automáticamente el trámite y dejó en suspenso las modificaciones que distintos cabildantes pretendían incorporar al documento.

En declaraciones a Caracol Radio, Lozada calificó la situación como “preocupante” y alertó que, de no resolverse con rapidez, el plan podría terminar siendo aprobado sin mayores cambios o incluso adoptado por decreto por parte de la administración municipal.

“El plan de desarrollo prácticamente quedaría como lo quiere la administración y como lo planteó inicialmente la administración, sin ningún cambio”, afirmó el cabildante.

Propuestas que quedaron congeladas

Antes de la suspensión, varios concejales habían radicado proposiciones para fortalecer metas y programas considerados prioritarios para la ciudad. Entre las iniciativas figuraba el aumento del número de becas de educación superior de 500 a 1.000 cupos, la creación de un programa de capital semilla para apoyar a 2.000 emprendimientos y el fortalecimiento de los frentes de seguridad con mayores recursos y mantenimiento integral de las cámaras de videovigilancia.

También se plantearon ajustes sobre la estratificación socioeconómica, restricciones al uso de recursos destinados a Metrolínea y condiciones para los estudios de movilidad urbana.

Según Lozada, todas estas propuestas quedaron en el limbo. “Todo eso quedó prácticamente desechado porque la recusación suspende automáticamente el debate y tiene que resolverlo la autoridad competente”, sostuvo.

El factor tiempo añade presión al proceso. El Plan de Desarrollo debe quedar aprobado y sancionado antes del 30 de mayo de 2026. Si el Concejo no logra pronunciarse dentro del plazo legal, el alcalde podría adoptarlo por decreto, una alternativa prevista por la ley pero que reduciría el margen de deliberación democrática.

Lozada, aunque reconoció que el documento presentado por la Alcaldía “no es un mal documento”, insistió en que existen metas que podían ser mucho más ambiciosas para atender problemáticas como la inseguridad, el desempleo y las necesidades sociales de la capital santandereana.

Empréstito por más de $538 mil millones sigue en espera

Otro de los proyectos de mayor impacto que permanece en vilo es el empréstito por $538.611 millones destinado a financiar obras de infraestructura vial. La iniciativa ya se encontraba en trámite, pero no fue incluida en la agenda de discusión debido a que las recusaciones aún no han sido resueltas por la Procuraduría General de la Nación.

La administración considera que estos recursos son esenciales para ejecutar proyectos estratégicos de movilidad, aunque su aprobación sigue supeditada a la superación del actual bloqueo jurídico.

Durante las sesiones extraordinarias también deberá adelantarse la elección del nuevo contralor municipal, proceso que ha estado rodeado de controversias y que estuvo suspendido durante tres meses por recusaciones contra 13 concejales.

La terna será presentada por la Universidad de Pamplona, entidad encargada de evaluar a los aspirantes. Asimismo, el Concejo deberá estudiar el proyecto de estampilla Prodeporte, que contempla un cobro del 2 % sobre los contratos celebrados con la Alcaldía y las entidades descentralizadas, exceptuando los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales.

Mientras los concejales esperan que las autoridades competentes resuelvan las objeciones, la ciudad observa con expectativa si el cabildo podrá ejercer plenamente su función deliberativa o si, por falta de tiempo, algunos de los proyectos más trascendentales terminarán siendo adoptados sin el debate amplio que demandan decisiones que comprometen el rumbo de la capital santandereana en los próximos años.