Veedores de Bucaramanga piden al Alcalde de Bucaramanga participar en nuevo cobro del predial: “Para evitar abusos”

Ramiro Vásquez Giraldo solicitó al alcalde Cristian Portilla Pérez convocar una mesa de trabajo con representantes ciudadanos y organismos de control. La Defensoría del Pueblo Regional Santander respaldó la iniciativa y pidió evaluar la realización de un encuentro ampliado antes de definir la proyección del impuesto para 2027.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La discusión por el impuesto predial vuelve a encender las alertas de los veedores ciudadanos en Bucaramanga. Ante la proximidad del nuevo ciclo de cobro, Ramiro Vásquez Giraldo, representante de la Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana, solicitó formalmente al alcalde Cristian Portilla Pérez la convocatoria urgente de una mesa de trabajo para conocer y analizar la proyección del Impuesto Predial Unificado correspondiente a 2026, cuyo cobro está previsto a partir de enero de 2027.

La petición busca que los representantes de las comunidades tengan participación en el análisis de las decisiones que puedan incidir en el valor que deberán pagar los propietarios de viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles de la capital santandereana. El propósito, según el planteamiento del veedor, es anticiparse a posibles incrementos desproporcionados, cobros que considere injustificados y afectaciones a la economía de los contribuyentes.

Vásquez Giraldo fundamentó su solicitud en los antecedentes de años anteriores, cuando, según ha denunciado la ciudadanía, los aumentos del predial han generado inconformidad por el impacto que representan sobre los presupuestos familiares y las finanzas de los propietarios. Por ello, considera necesario abrir un espacio de interlocución antes de que se consolide la proyección de los cobros, en lugar de esperar a que las facturas lleguen a los hogares y comiencen las reclamaciones.

La propuesta plantea que la discusión no se limite a los funcionarios de la Administración municipal, sino que incorpore a representantes de diferentes sectores ciudadanos y entidades con funciones de vigilancia y protección de derechos.

Entre los participantes propuestos figuran delegados de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, los ediles y el Concejo de Bucaramanga, así como representantes de la Procuraduría Provincial, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de Bucaramanga. El veedor también solicitó la participación del edil José Alfredo Vega y de los profesionales Juan Manuel Álvarez y José Ángel Amador, además de quien suscribe la petición en representación de la veeduría.

Los antecedentes que

alimentan la preocupación

La solicitud se produce en medio de una controversia que ha acompañado durante años la discusión sobre el impuesto predial en Bucaramanga: la diferencia entre la actualización del valor de los inmuebles, los incrementos que legalmente pueden aplicarse al impuesto y el monto que finalmente aparece en las facturas.

Las inconformidades de propietarios y contribuyentes han puesto sobre la mesa interrogantes acerca de los procedimientos de actualización catastral, la aplicación de los límites legales a los aumentos y la necesidad de que las autoridades expliquen con claridad cómo se determina el valor a pagar.

En este debate resulta fundamental distinguir entre el avalúo catastral y el impuesto predial. El primero corresponde al valor asignado al inmueble dentro del sistema catastral, mientras que el segundo es un tributo municipal calculado, entre otros factores, a partir de ese avalúo y de la tarifa aplicable. Por eso, un incremento del avalúo no se traduce necesariamente en un aumento idéntico del impuesto: el resultado depende de las condiciones particulares del predio y de las disposiciones legales vigentes.

La actualización catastral, por sí sola, no significa que cualquier incremento sea válido. Las autoridades deben aplicar las reglas correspondientes a cada caso, incluidos los límites legales que resulten procedentes, y brindar información suficiente para que los ciudadanos puedan comprender y controvertir los valores liquidados cuando consideren que existe un error.

Precisamente, uno de los temores expresados por los veedores es que los contribuyentes terminen enfrentando obligaciones que no habían previsto en sus presupuestos o que consideren desproporcionadas frente a su capacidad de pago. De ahí la insistencia en que las decisiones se expliquen anticipadamente y que exista un canal institucional para revisar inquietudes antes del inicio de los cobros.

Defensoría del Pueblo pide abrir el diálogo

La solicitud de Vásquez Giraldo ya recibió una respuesta institucional de la Defensoría del Pueblo Regional Santander. En comunicación aprobada el 15 de octubre de 2026, el defensor regional, Jesualdo Arzuaga Ramírez, informó al alcalde Cristian Portilla Pérez que esa entidad conoció la petición presentada por la Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana y recomendó valorar favorablemente la convocatoria de una mesa de trabajo ampliada.

La Defensoría pidió brindar una respuesta oportuna, clara y de fondo al requerimiento ciudadano, así como facilitar la participación de las autoridades competentes, los organismos de control y los representantes de la comunidad.

En su comunicación, la entidad recordó que los artículos 1, 2 y 40 de la Constitución Política respaldan la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la población. También señaló que los espacios de diálogo permiten socializar la información técnica disponible, resolver inquietudes, fortalecer el control social y prevenir conflictos entre la Administración y los contribuyentes.

La institución manifestó, además, su disposición a participar en el encuentro, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, y solicitó que se le remita la correspondiente invitación en caso de que la reunión sea convocada.

Este pronunciamiento representa un respaldo institucional a la necesidad de estudiar la propuesta de diálogo, aunque no significa que la mesa de trabajo ya haya sido convocada ni que exista una decisión definitiva sobre los valores que se cobrarán.

El debate que plantea la veeduría tiene un componente práctico para miles de propietarios: conocer con anticipación las reglas que determinarán el pago de una de sus principales obligaciones tributarias anuales.

Una mesa de trabajo permitiría solicitar explicaciones sobre la metodología utilizada para proyectar los cobros, los criterios de actualización de los avalúos, las tarifas aplicables y los mecanismos previstos para atender reclamaciones. También abriría la posibilidad de identificar errores o situaciones particulares que requieran revisión por parte de las autoridades competentes.

Para que el encuentro produzca resultados verificables, la participación ciudadana tendría que estar acompañada de información técnica comprensible, respuestas documentadas y claridad sobre los procedimientos que pueden seguir los contribuyentes cuando discrepen de su liquidación.

Por ahora, la petición de Ramiro Vásquez Giraldo pone la discusión sobre la mesa antes de que comience el nuevo ciclo de facturación. La atención se concentra en la respuesta que entregue la Alcaldía de Bucaramanga y en la eventual convocatoria de un espacio en el que la Administración explique sus proyecciones y escuche las preocupaciones de los ciudadanos.