Tras intensa polémica, Acueducto de Bucaramanga reversa aumento de tarifas
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga mantendrá entre septiembre y diciembre de 2026 el valor promedio del servicio, tras la polémica por el aumento tarifario.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga mantendrá entre septiembre y diciembre de 2026 el valor promedio del servicio, tras la polémica por el aumento tarifario.
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Después de varias semanas de polémica, cuestionamientos ciudadanos y una creciente presión por el anunciado incremento en las tarifas del agua, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb S.A. ESP, decidió dar marcha atrás y anunció que mantendrá, entre septiembre y diciembre de 2026, el valor promedio que venían pagando sus usuarios por el servicio de acueducto.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La decisión representa un giro frente al incremento que se había proyectado para los usuarios del área metropolitana y llega en medio de una fuerte controversia alrededor de la aplicación de la nueva metodología tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.
La empresa informó que la determinación fue adoptada “de manera voluntaria” por su Junta Directiva, mientras avanza la discusión nacional sobre la Resolución CRA 1032 de 2026 y se conocen los resultados, conclusiones o eventuales modificaciones que puedan surgir de ese proceso.
En términos prácticos, los usuarios del Acueducto Metropolitano no tendrán que asumir entre septiembre y diciembre el incremento que había generado la controversia. La decisión constituye además un revés para la posibilidad de trasladar inmediatamente a los hogares el impacto de la nueva metodología tarifaria.
La Resolución CRA 1032 de 2026 sustituyó la metodología anterior para grandes prestadores de acueducto y alcantarillado y estableció que las tarifas derivadas de ella podían comenzar a aplicarse a los consumos generados desde el primero de julio de 2026.
El anuncio del Acueducto llega después de una intensa discusión pública en Bucaramanga, donde ciudadanos, veedores y sectores políticos cuestionaron el incremento que se proyectaba para el servicio de agua potable.
Uno de los críticos más visibles fue el veedor ciudadano Ramiro Vázquez Giraldo, quien durante las últimas semanas encabezó los cuestionamientos contra la decisión y reclamó que el aumento fuera revisado antes de trasladar el impacto económico a los usuarios.
La controversia llegó incluso a convertirse en un asunto de amplio debate ciudadano, debido a que el agua potable es uno de los servicios esenciales de los hogares y cualquier incremento tiene un impacto directo sobre la economía familiar.
La reversa anunciada por el Acueducto puede ser interpretada, en ese contexto, como una victoria para los sectores ciudadanos que exigieron frenar el incremento y revisar las condiciones bajo las cuales se estaba aplicando la nueva estructura tarifaria.
No se trata, sin embargo, de una eliminación definitiva de la discusión tarifaria. La propia empresa dejó claro que la decisión tendrá vigencia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mientras se desarrolla la discusión nacional sobre la regulación.
El origen de la controversia está en la Resolución CRA 1032 de 2026, expedida el 24 de marzo por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. La norma modificó integralmente la metodología tarifaria aplicable a los grandes prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es decir, aquellos que superan los 5.000 suscriptores en las condiciones establecidas por la regulación.
La nueva metodología incorpora diferentes componentes para determinar el costo del servicio, entre ellos los costos de administración, operación, inversión e impuestos, contribuciones y tasas. También establece parámetros relacionados con eficiencia, pérdidas de agua, inversiones ambientales y gestión del riesgo. La CRA estableció además que las tarifas calculadas bajo la nueva metodología comenzarían a aplicarse a los consumos generados desde el 1 de julio de 2026.