“Si en la calle no nos respetan los derechos, la justicia sí, nos veremos en los tribunales”: Soto Norte a MinAmbiente

Denuncian que el Gobierno pretende expedir una delimitación parcial del Páramo de Santurbán mientras aún no concluye el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional y sin garantizar una participación ciudadana efectiva. Además, la acción busca evitar que se repitan las vulneraciones de derechos que llevaron a anular la delimitación de 2014 y frenar cualquier delimitación parcial mientras no concluya el proceso de concertación con los 40 municipios como lo ordenó la Corte Constitucional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por los 4 líderes comunitarios de Vetas (Santander), y respaldada por cientos de habutantes de Bucaramanga y los 6 municipios de Soto Norte, quienes solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la participación ciudadana, al debido proceso, al acceso a la información pública ambiental, a la igualdad y al derecho de petición, dentro del procedimiento mediante el cual el Ministerio de Ambiente pretende expedir una delimitación parcial del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

La tutela fue promovida con el propósito de *evitar que, durante el trámite y cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, se repita exactamente la misma vulneración de derechos que hace nueve años llevó a dejar sin efectos la delimitación del Páramo de Santurbán*. Los accionantes sostienen que el Ministerio pretende avanzar con una nueva resolución sin garantizar una participación ciudadana real, suficiente e informada, revictimizando a las comunidades que habitan dentro y alrededor del páramo.

La tutela fue promovida por  Rosa María Galvis Rodríguez, integrante del Comité de Veeduría Ciudadana "Comunales de Vetas en Defensa de Nuestro Territorio"; Karina Andrea Contreras Rodríguez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Volcán; y Cristian Germán Ramírez Moreno y Alfonso Gelves Delgado, integrantes del Comité de Veeduría Ciudadana de Propietarios, Poseedores y Tenedores de Predios ubicados dentro de la delimitación del Páramo de Santurbán. 

“Estos líderes comunitarios han resuelto emprender acciones contra la Ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, ante los anuncios de que en los próximos días, y a menos de una semana de dejar suscrita cargo, tomará decisiones inconsultas para prohibir en municipios con tradicionalidad y cultura minera el desarrollo de la actividad, así como las demás actividades que se consideren incompatibles con el páramo. Esto es contrario a los mandatos de la Corte Constitucional, que le ordenó al Ministerio al momento de delimitar darle un trato especial y diferenciado a las comunidades mineras tradicionales de los municipios de Vetas, California y Suratá, mandato que la funcionaria está no solo ignorando sino que quiere castigar”, aseguró la abogada Gloria Lucía Álvarez Pinzón, representante de los tutelantes.

Los líderes comunitarios advierten que, si esa resolución llega a expedirse, se vulnerarían nuevamente los derechos fundamentales que precisamente la Corte Constitucional ordenó proteger cuando obligó al Ministerio a rehacer todo el proceso de delimitación hace 9 años. Por esa razón, solicitaron al juez ordenar al Ministerio abstenerse de expedir una resolución que delimite parcial o progresivamente el Páramo, mientras la tutela no sea resuelta de fondo.

Cambio las reglas a su beneficio

La acción constitucional sostiene que el Gobierno cambió las reglas del proceso a pocas semanas de terminar su mandato. Explica que durante cerca de nueve años se ha venido construyendo una nueva delimitación mediante un proceso de diálogo y concertación con las comunidades, pero que ese procedimiento todavía no ha terminado.

Pese a ello, la Ministra encargada expidió la Resolución 863 de 2026, con la que creó una figura denominada "delimitación progresiva", para facultades a ella misma la posibilidad de expedir una delimitación parcial del páramo, figura que no existe en la Ley 1930 de 2018 que rige las delimitaciones de páramos en el país, ni fue autorizada por la Sentencia T-361 de 2017, por lo que consideran que el Ministerio modificó unilateralmente las reglas fijadas por la Corte Constitucional.

La preocupación aumenta porque esa delimitación parcial pretende aplicarse  sobre 19 de los 40 municipios, cifra que ni siquiera corresponde al número de municipios con los ya existe concertación (26), lonque indica que fueron  escogidos a entera voluntad de los funcionarios del Ministerio. sin que exista autorización legal o constitucional para dividir el proceso y delimitar el páramo "por partes".

"Con esa resolución se ha intentado una figura de “delimitación progresiva”, que no es otra cosa que una delimitación parcial, para aplicarla solamente en Santurbán y dejar así, arbitrariamente delimitado el páramo en ciertos municipios que han sido estigmatizados y perseguidos por el gobierno que está a punto de culminar, como son los municipios de Soto Norte, Vetas, California, Suratá, Matanza y Tona", indicó la abogada Álvarez. 

La tutela también denuncia que la consulta pública nunca permitió una participación verdaderamente informada.

Según los accionantes, el Ministerio publicó la delimitación principalmente mediante archivos técnicos especializados de sistemas de información geográfica, imposibles de interpretar para la inmensa mayoría de los campesinos y habitantes de las zonas afectadas.

En consecuencia, miles de personas no pudieron conocer con claridad qué predios, veredas o municipios resultarían afectados ni entender el verdadero alcance de la propuesta, reproduciendo precisamente la falta de participación que dio origen a la Sentencia T-361 de 2017.

Los habitantes de Vetas advierten que detrás de esta decisión no solo está en juego un procedimiento administrativo, sino el futuro de un municipio con más de 450 años de tradición minera, cuya economía, cultura e identidad han estado ligadas históricamente a la minería legal. Sostienen que imponer una delimitación parcial antes de concluir el proceso de concertación podría convertir en ilegales actividades que hoy se desarrollan dentro del marco de la ley, afectando gravemente a cientos de familias y empujando a la región hacia la pobreza, el desplazamiento, mientras quienes han apostado por la formalidad quedarían sin alternativas.

"A escasos 6 días de dejar el cargo, la funcionaria quiere imponer la delimitación en ciertos municipios, en contra de los acuerdos que las comunidades firmaron en su mayoría con este mismo Gobierno y traicionando la confianza construida durante cerca de 9 años de diálogo e interacción entre las parte. Esta Ministra quiere imponer de un plumazo una línea de páramo con graves problemas metodológicos y extender la línea más allá de los límites reales del ecosistema, para volver ilegales a quienes hoy ejercen legítimamente la actividad minera en la región y a punto de desaparecer a los agricultores y ganaderos, mientras los ilegales hacen de las suyas en el corazón del páramo”, indicó la representante legal de los demandantes. 

Finalmente, los accionantes manifestaron su confianza en que la justicia garantice el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 y evite que, a pocos días del cambio de Gobierno, se adopte una decisión que consideran irreversible para Vetas y para las demás comunidades históricas del Páramo de Santurbán.