¿Cuánto cuesta la Contraloría de Santander? Propuesta para eliminarla pone bajo la lupa más de $10.000 millones anuales

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, anunció una nueva iniciativa para suprimir las contralorías territoriales y trasladar sus funciones a la Contraloría General de la República. En Santander, la entidad departamental cuenta con cerca de 94 funcionarios y sus gastos de personal y generales superaron los $8.163 millones durante los primeros nueve meses de 2026.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La posibilidad de eliminar la Contraloría General de Santander, junto con el resto de contralorías regionales (departamentales y municipales) volvió al debate nacional con el anuncio del senador Hernán Cadavid de impulsar una reforma constitucional para suprimir las contralorías departamentales, distritales y municipales. La iniciativa busca reducir el gasto público y evitar que varias entidades ejerzan funciones de control fiscal que, según sus promotores, podrían concentrarse en un solo organismo.

Si el Congreso aprueba la reforma en los términos planteados, la propuesta tendría un impacto directo para Santander teniendo en cuenta que la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos del departamento y de las entidades sujetas a su competencia territorial pasaría a ser ejercida por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el modelo de transición que establezca el acto legislativo.

Cadavid argumenta que Colombia cuenta con 67 contralorías territoriales, además del organismo nacional, y que suprimirlas permitiría evitar duplicidades y generar ahorros para los contribuyentes. El senador ya había promovido una iniciativa similar en 2025, que terminó archivada por vencimiento de términos legislativos en diciembre de ese año.

Las cifras oficiales de la Contraloría General de Santander permiten dimensionar el costo de mantener en funcionamiento el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos del departamento.

Según el informe de austeridad del gasto correspondiente al tercer trimestre de 2025, la entidad reportó los siguientes valores acumulados en sus gastos de personal y generales:

Gastos reportados durante los primeros nueve meses de 2025: $8.164 millones; Gastos de personal: $7.440 millones; Gastos generales: $724,2 millones; Personal vinculado: 94 funcionarios. Si se toma como referencia el ritmo de gasto de esos nueve meses y se proyecta de manera lineal, el desembolso anual podría rondar los $10.900 millones.

La propuesta de Cadavid plantea que las funciones hoy distribuidas entre las contralorías territoriales sean asumidas por la Contraloría General de la República. Esto significaría que la vigilancia fiscal sobre la Gobernación de Santander, los municipios y las entidades sometidas al control de la Contraloría departamental tendría que reorganizarse bajo el esquema nacional, de acuerdo con las competencias y el régimen de transición que finalmente apruebe el Congreso.

El cambio no supondría la desaparición del control fiscal, sino la eliminación de la entidad territorial que actualmente lo ejerce. La Contraloría General de la República ya tiene competencias de vigilancia sobre recursos públicos, incluidas las de carácter nacional, y ejerce control sobre recursos territoriales en los casos previstos por la Constitución y la ley.

El argumento central de los promotores es que concentrar estas funciones permitiría reducir estructuras administrativas, evitar gastos que consideran redundantes y racionalizar el uso del dinero público. Sin embargo, el ahorro neto dependería de cuánto cueste ampliar la capacidad operativa del organismo nacional para asumir las auditorías, investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal que hoy atiende la entidad santandereana.

La eliminación de las contralorías territoriales no es una propuesta nueva. Hernán Cadavid ya había participado en iniciativas similares durante su paso por la Cámara de Representantes. Una de ellas, radicada en julio de 2025 según el anuncio del Senado, fue archivada en diciembre de ese año por vencimiento de términos legislativos.

La nueva iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: si Colombia puede vigilar de manera más eficiente el gasto público mediante una estructura centralizada o si la presencia de organismos departamentales y municipales resulta necesaria para mantener una fiscalización cercana a las realidades de cada territorio.

En Santander, el debate tendrá dos componentes: el costo de sostener una entidad con cerca de un centenar de funcionarios y la capacidad que tendría la Contraloría General de la República para mantener la cobertura y oportunidad de las auditorías sobre los recursos públicos del departamento.