Para lo único que sirvió el MinIgualdad fue para justificar contratación irregular del gobierno Petro: Daniel Briceño

La decisión del Gobierno nacional de liquidar el Ministerio de la Igualdad, una de las entidades más emblemáticas creadas durante la administración del presidente Gustavo Petro, abrió un nuevo frente de críticas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta vez, el congresista del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que la cartera habría comprometido más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios justo antes de iniciar formalmente su proceso de cierre.

Según el dirigente político, aunque el propio Gobierno ordenó la liquidación de la entidad tras los reparos de la Corte Constitucional sobre su creación, la administración saliente habría acelerado la firma de compromisos presupuestales de gran magnitud.

"El señor Gustavo Petro ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad, pero revisando su contratación encontramos que firmaron y van a firmar más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios antes de esa liquidación", afirmó Briceño a través de sus redes sociales, en una nueva crítica a una entidad que desde su nacimiento ha estado rodeada de controversias por sus niveles de ejecución y su estructura burocrática.

La denuncia surge apenas días después de que el Gobierno expidiera el decreto mediante el cual el Ministerio pasó oficialmente a denominarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, iniciando un proceso que se extenderá durante aproximadamente un año.

La desaparición de la cartera no responde a una decisión política espontánea, sino al desenlace de un proceso jurídico iniciado por la Corte Constitucional. El alto tribunal declaró inexequible la ley que creó el Ministerio al encontrar vicios en su trámite legislativo, particularmente por la ausencia de un aval fiscal adecuado por parte del Ministerio de Hacienda.

Aunque el Gobierno contaba con un plazo para corregir los errores señalados y tramitar nuevamente la iniciativa ante el Congreso, el término venció sin que se lograra subsanar las fallas jurídicas, obligando finalmente a su liquidación.

El Ministerio fue concebido como una herramienta para diseñar políticas públicas dirigidas a jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos, mujeres y personas con discapacidad. Sin embargo, desde su creación enfrentó cuestionamientos por sus costos de funcionamiento y por los resultados obtenidos frente a los recursos invertidos.

Briceño y una vigilancia permanente sobre la cartera

La denuncia de los más de 450 mil millones de pesos en contratación no constituye un hecho aislado dentro de la actividad de control político ejercida por Daniel Briceño sobre el Ministerio de la Igualdad.

Durante los últimos meses, el dirigente del Centro Democrático ha venido señalando repetidamente presuntos excesos en la ejecución presupuestal de la entidad. Una de las denuncias que más repercusión generó fue la relacionada con un convenio por 520 millones de pesos destinado a desarrollar talleres sobre nuevas masculinidades en alianza con la Universidad del Valle.

En aquella oportunidad, Briceño cuestionó que el proyecto tuviera una duración de apenas 35 días y señaló que los recursos contemplaban pagos de hasta 20 millones de pesos para coordinadores, 15 millones para investigadores y cerca de 12 millones para editores de contenido, además de más de 200 millones de pesos destinados al diseño de material pedagógico.

El congresista calificó esos gastos como ejemplos de despilfarro de recursos públicos y sostuvo que el Ministerio se había convertido en una estructura burocrática costosa que no generaba impactos proporcionales para la población objetivo.

Debate sobre el legado del Ministerio

La liquidación de la entidad también provocó reacciones desde distintos sectores políticos. Mientras voces cercanas al Gobierno defendieron la necesidad de las políticas impulsadas desde el Ministerio, dirigentes de oposición consideraron que su cierre representa el fin de uno de los proyectos más cuestionados de la administración Petro.

Briceño ha sido uno de los más vehementes críticos y ha sostenido que el Ministerio "jamás debió haber existido", argumentando que generó cientos de cargos burocráticos sin resolver los problemas estructurales de desigualdad que pretendía atender.

Ahora, con la entidad en proceso de liquidación, la nueva controversia gira alrededor de los contratos suscritos en la recta final de su existencia. Las denuncias sobre los más de 450 mil millones de pesos comprometidos podrían abrir nuevos debates sobre la destinación de los recursos públicos y la transparencia en el cierre de una de las entidades más polémicas creadas durante el actual gobierno.

Por ahora, las acusaciones del congresista se suman a la creciente discusión nacional sobre la eficiencia del gasto estatal y sobre el legado que deja un ministerio que, pese a haber sido concebido como una bandera de inclusión y equidad social, termina su existencia envuelto en cuestionamientos jurídicos, administrativos y presupuestales.