Ofensiva contra ‘raspadores’ dedicados a la minería ilegal

Intervención de las autoridades en la escarpa occidental de Bucaramanga

Para una reacción rápida, la administración pide a vecinos, líderes barriales y organismos de control que reporten cualquier señal de excavación, maquinaria o ingreso irregular a la escarpa occidental.

Bucaramanga reforzó en 2026 su ofensiva contra la minería ilegal en la escarpa occidental, un borde natural que la Administración municipal considera clave para la seguridad ambiental, la estabilidad del suelo y la defensa del paisaje urbano.

En once operativos, la Alcaldía reportó 27 capturados y una ruta de judicialización contra quienes sostienen esa actividad clandestina. El mensaje oficial fue directo: tolerancia cero.

La meta municipal también busca blindar las fuentes  hídricas vecinas y conservar el equilibrio urbano. La Alcaldía arremete contra los ‘raspadores’ para lograr resultados contundentes y una respuesta visible para los barrios cercanos.

La estrategia apuntó a frenar la extracción ilícita de materiales de construcción y a desactivar puntos de explotación montados sin permiso, sin control técnico y sin respeto por la norma.

Heridas sobre el paisaje

Para la Secretaría del Interior, al mando de Alfonso Pinto Frattali, la prioridad consistió en detener el deterioro del terreno y evitar que esa presión avanzara sobre un espacio protegido por razones ecológicas y geológicas, con apoyo permanente de la fuerza pública.

"Lastimosamente, nuestra escarpa occidental sufre un golpe directo por la minería ilegal y criminal. Cada intervención sobre ese terreno deja heridas sobre el paisaje, altera el equilibrio natural y pone en riesgo zonas que Bucaramanga debe conservar. La administración no acepta ese daño y mantendrá la vigilancia con apoyo institucional permanente en el territorio en la franja occidental de Bucaramanga", dijo el funcionario.

Ese control seguirá sobre los accesos más expuestos, enfocados en una  línea de acción que busca proteger quebradas, taludes y corredores naturales de Bucaramanga.

La escarpa occidental ocupa un lugar estratégico dentro de la ciudad. Su valor no se limita a la vista o al relieve; también influye en la estabilidad de zonas cercanas y en la protección de corredores naturales.

Se necesitan sanciones ejemplares

Las autoridades han advertido durante años sobre riesgos de erosión, remoción de tierra y afectación de predios vecinos cuando aparecen explotaciones irregulares.

Pinto Frattali puso el foco en el impacto de estas prácticas sobre el patrimonio natural de la capital santandereana. El funcionario afirmó que la administración no tolera la destrucción de las zonas de reserva y que cada intervención busca cortar la cadena que sostiene esta actividad ilícita y sus efectos sobre el entorno, con respaldo de entidades que vigilan delitos ambientales.

Las acciones se ejecutaron de forma articulada entre la Secretaría del Interior, la Policía y otras entidades con competencia ambiental y judicial. Esa coordinación permitió ubicar frentes de trabajo, recoger elementos de prueba y respaldar las capturas efectuadas en distintos puntos de la escarpa occidental durante los primeros meses del año, con presencia institucional constante, verificación técnica y seguimiento al material hallado. Hubo despliegue en varios sectores críticos.

"Ese esfuerzo no se limita a sacar personas de los puntos intervenidos. La meta consiste en llevar cada caso ante la justicia, con pruebas, seguimiento y coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La Alcaldía exige que los responsables respondan por la explotación ilícita, porque la protección ambiental también depende de sanciones firmes y decisiones oportunas, sin dilación alguna", expresó Pinto Fratalli.

Denunciar es evitar una tragedia

La Alcaldía de Bucaramanga señaló que el objetivo no se agota con sacar personas del lugar. La prioridad incluye llevar los casos ante la justicia, establecer responsabilidades y evitar que las redes que promueven la minería ilegal recuperen control sobre los sitios intervenidos.

La administración municipal insiste en que el proceso debe terminar en sanciones efectivas, órdenes claras y decisiones que frenen la reincidencia, porque la impunidad no cabe en este frente.

"La ciudadanía ocupa un papel decisivo en esta tarea. Las denuncias sobre movimientos sospechosos, maquinaria, excavaciones o ingreso irregular a la escarpa permiten actuar con rapidez. Bucaramanga necesita una red de alerta social que ayude a cerrarles el paso a quienes ponen en riesgo el patrimonio natural y la tranquilidad de los barrios cercanos junto a cada barrio cercano hoy", puntualizó el Secretario

La presión institucional también busca proteger a las comunidades que viven cerca de los puntos más sensibles. En esos sectores aparecen taludes alterados, acumulación de material removido y señales claras de intervención sin ningún criterio técnico.

El municipio defiende una respuesta integral que combina control policial, inspección en terreno, apoyo técnico y coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La denuncia oportuna ayuda a cerrar el paso a nuevas invasiones, porque la comunidad es decisiva para frenar daños.