Obra vial Barbosa – UIS podría sufrir nuevas demoras: la comunidad está berraca

La paciencia de los habitantes de Barbosa parece haber llegado al límite. Mientras la Procuraduría General de la Nación anuncia que mantiene vigilancia sobre el avance de la obra vial que conduce a la sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en el municipio persiste una pregunta que se repite entre estudiantes, docentes, comerciantes, conductores y residentes: ¿cuándo estará realmente terminada una obra que lleva años generando dificultades?

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El proyecto, que debería representar una solución para la movilidad y el acceso a la sede universitaria, se ha convertido en un ejemplo de las dificultades que enfrentan las comunidades cuando una obra pública se encuentra atrapada entre problemas técnicos, trámites y decisiones que terminan prolongando los tiempos de ejecución.

La situación llegó a un punto crítico en abril de este año, cuando estudiantes protagonizaron un bloqueo como protesta por el deterioro de la vía. La movilización puso nuevamente sobre la mesa una inconformidad que venía creciendo entre la comunidad y obligó a establecer compromisos para intentar destrabar el proyecto.

Desde entonces, la Procuraduría, a través de la Provincial de Instrucción de Vélez, realiza seguimiento quincenal al cumplimiento del cronograma, con participación de la Personería, veedores ciudadanos, la interventoría y el contratista.

El Ministerio Público informó que actualmente se registra un avance significativo y que ya comenzó la pavimentación de los tramos que se encuentran habilitados. Sin embargo, para los ciudadanos, el verdadero indicador de éxito no serán las reuniones de seguimiento ni los informes de avance, sino que finalmente puedan utilizar una vía terminada, segura y en condiciones dignas.

Y es precisamente allí donde permanecen las preocupaciones. La obra afronta dificultades desde 2023 relacionadas, entre otros aspectos, con la reubicación de postes de energía y la red pluvial. Es decir, han transcurrido cerca de tres años desde que comenzaron a evidenciarse los problemas que han condicionado la ejecución de un proyecto que tiene un impacto directo sobre una comunidad universitaria y sobre los habitantes de uno de los municipios más importantes de la provincia de Vélez.

La Procuraduría tuvo que requerir al inspector de Policía para acelerar la definición de los asuntos pendientes. Como resultado, ya fue programada una audiencia pública en la que deberá adoptarse una decisión de fondo.

Mientras las entidades resuelven los asuntos administrativos y técnicos, la comunidad continúa padeciendo las consecuencias de una infraestructura que no ha respondido a las necesidades para las cuales fue concebida.

Por eso, la vigilancia del Ministerio Público es recibida con expectativa, pero también con una exigencia ciudadana elemental: que el seguimiento se traduzca en resultados.

La instrucción de la Procuraduría al contratista para que continúe trabajando en los frentes disponibles mientras se solucionan los asuntos pendientes permitió reactivar la pavimentación. Es un paso importante, pero insuficiente si no conduce a la culminación definitiva del proyecto.