Nueva andanada de insultos de JP Hernández contra Petro y Cepeda: a uno le dijo prófugo y a otro le dijo ladrón

El senador santandereano Jonathan Ferney Pulido Hernández volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el expresidente Gustavo Petro y contra el excandidato presidencial Iván Cepeda, esta vez poniendo sobre la mesa dos asuntos que, a su juicio, generan serios interrogantes: la autorización del Senado para que Petro pueda salir del país mientras avanzan actuaciones en su contra y los ingresos que habría recibido Pilar Rueda, esposa de Cepeda, durante su paso por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El primer frente de la controversia tiene como protagonista a Gustavo Petro. El pasado 12 de agosto, el Senado autorizó al expresidente a salir de Colombia durante el año siguiente al término de su mandato, como establece el artículo 196 de la Constitución para quienes han ejercido la Presidencia. La decisión fue aprobada con 73 votos a favor y 11 en contra. Petro quedó obligado a informar al Senado las fechas y los lugares de sus viajes.

Sin embargo, Jota Pe fue uno de los 11 senadores que votaron negativamente. Durante la discusión, el congresista cuestionó que el Senado hubiera optado por autorizar la salida en lugar de establecer un mecanismo que, según él, garantizara la permanencia del exmandatario en Colombia mientras se esclarecen las investigaciones que lo involucran.

El senador incluso advirtió sobre el riesgo de que Petro termine radicado fuera del país y comparó esa posibilidad con la situación de otros antiguos funcionarios del Gobierno que han abandonado Colombia.

La advertencia del congresista adquirió mayor fuerza por las actuaciones recientes de la Fiscalía alrededor del caso de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y murió después de no recibir oportunamente el tratamiento que necesitaba.

El 6 de agosto, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara a Petro por la presunta divulgación de datos personales agravada y por un eventual homicidio culposo, relacionado con su posible posición de garante en los hechos que rodearon la muerte del menor.

El caso tiene además otra arista que explica la preocupación expresada por Jota Pe. La Fiscalía anunció actuaciones contra varios funcionarios y exfuncionarios relacionados con la Nueva EPS dentro de la investigación por la muerte de Kevin. Entre ellos se encuentra el entonces interventor de la entidad, Luis Óscar Galves Mateus, para quien se anunció imputación por homicidio culposo.

La situación llevó incluso al abogado de la familia del menor a pedir al Senado que revisara el permiso concedido a Petro. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, confirmó posteriormente que había recibido una solicitud para revocar la autorización.

Ahora contra Cepeda

Pero Jota Pe no concentró sus críticas únicamente en Petro. El senador también dirigió sus cuestionamientos contra Iván Cepeda y, particularmente, contra su esposa, Pilar Rueda, por los ingresos obtenidos durante su vinculación con la JEP.

Hernández sostuvo que Rueda habría recibido más de $1.632 millones durante aproximadamente ocho años de trabajo relacionado con la jurisdicción transicional y utilizó esa cifra para cuestionar lo que considera una supuesta utilización política y económica de una institución creada a partir del acuerdo de paz.

Cepeda, por su parte, ha defendido históricamente el proceso de paz y la justicia transicional, mientras que sectores de la oposición han cuestionado aspectos de su funcionamiento y de los beneficios jurídicos otorgados a quienes se sometieron al sistema.

Incluso años atrás circularon acusaciones sobre supuestos vínculos entre Cepeda, su familia y la JEP. La Silla Vacía verificó una de esas piezas y concluyó que mezclaba elementos reales con afirmaciones falsas para presentar como probado que el senador tenía control sobre la jurisdicción.

Así, las declaraciones de Jota Pe colocan nuevamente en el centro del debate dos asuntos altamente sensibles para la política colombiana: qué controles deben existir sobre los desplazamientos internacionales de un expresidente que enfrenta actuaciones en Colombia y hasta dónde pueden llegar los cuestionamientos políticos sobre los vínculos laborales y contractuales de familiares de dirigentes que defienden la justicia transicional.