La iniciativa, bu que acaba de iniciar su trámite en el Congreso de la República, busca que la Nación compense económicamente a los municipios que asumen las cargas sociales, institucionales y de seguridad derivadas de albergar establecimientos penitenciarios. En Santander, Girón y Barrancabermeja podrían convertirse en beneficiarios de esta nueva política.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Tener una cárcel dentro del territorio municipal podría dejar de ser visto únicamente como una responsabilidad que deben asumir las administraciones locales y convertirse también en una condición susceptible de generar una compensación económica por parte de la Nación.

Esa es la discusión que acaba de llegar al Congreso de la República mediante un proyecto de ley anunciado por el representante a la Cámara por el Cesar, Mello Castro González, quien propone crear un mecanismo de compensación para los municipios que albergan establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad.

La iniciativa tiene como punto de partida la situación de Valledupar, pero sus eventuales efectos tendrían alcance nacional. Y en Santander el debate adquiere especial relevancia, porque existen municipios que durante años han asumido las consecuencias de tener dentro de su jurisdicción establecimientos destinados a la reclusión de personas privadas de la libertad.

Por ejemplo, uno de los casos más evidentes es Girón, donde se encuentra la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, ubicada en el kilómetro 14 de la vereda Palogordo. El propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, identifica oficialmente al establecimiento como un completo de alta prioridad.

En 2024, por ejemplo, Palogordo fue uno de los establecimientos utilizados dentro de la estrategia denominada Operación Dominó, mediante la cual fueron trasladados allí internos considerados altamente peligrosos para dificultar sus comunicaciones con el exterior. La decisión convirtió a Girón en un punto particularmente sensible dentro de la estrategia penitenciaria y de seguridad del país.

Girón: seguridad nacional, impactos locales

La discusión planteada por el congresista tiene precisamente allí uno de sus principales argumentos: mientras el Gobierno Nacional utiliza determinados territorios para cumplir una función esencial de su política penitenciaria y de seguridad, son las administraciones municipales las que deben convivir cotidianamente con buena parte de las consecuencias.

La presencia de un establecimiento penitenciario implica demandas adicionales para las autoridades locales, desde seguridad y movilidad hasta atención de situaciones sociales relacionadas con las familias de las personas privadas de la libertad, visitantes, funcionarios penitenciarios y las dinámicas económicas que se desarrollan alrededor de los centros de reclusión.

El proyecto pretende que esas cargas tengan un reconocimiento económico por parte del Estado. No se trataría, en principio, de entregar recursos de libre destinación para que los municipios dispongan de ellos sin restricciones, sino de establecer una compensación orientada a fortalecer capacidades institucionales y atender los impactos sociales y de seguridad asociados a la presencia de estas infraestructuras.

Para municipios como Girón, el planteamiento podría representar una oportunidad para convertir una carga histórica en una fuente adicional de recursos destinados precisamente a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de las comunidades ubicadas en el entorno de la cárcel.

Barrancabermeja también entra en la discusión

El otro gran escenario santandereano es Barrancabermeja. El Distrito cuenta actualmente con la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Barrancabermeja, establecimiento reconocido oficialmente por el INPEC y localizado en el sector urbano del municipio.

Pero el papel penitenciario de Barrancabermeja podría crecer considerablemente en los próximos años.

En el corregimiento El Centro avanza el proyecto para construir una nueva cárcel de mediana y alta seguridad, una infraestructura que tendrá capacidad para 1.552 personas privadas de la libertad y que representa una inversión cercana a los $300.000 millones.

La obra contempla ocho pabellones, áreas administrativas, espacios para talleres y aulas escolares, entre otras instalaciones, y su terminación estaba proyectada para finales de 2027.

La dimensión de esta nueva infraestructura hace todavía más relevante para Barrancabermeja la discusión que acaba de abrirse en el Congreso.

Si el proyecto de compensación prospera, el Distrito podría estar frente a un nuevo escenario fiscal: una parte de los recursos que la Nación destine a los territorios por albergar cárceles podría convertirse en una herramienta para reforzar las capacidades locales justamente cuando el sistema penitenciario nacional está aumentando su presencia en el territorio.

¿Qué recibirían los municipios?

La filosofía de la iniciativa parte de una idea sencilla: si la Nación necesita que determinados municipios alberguen establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad para garantizar el funcionamiento del sistema carcelario y combatir el crimen, también debería contribuir a financiar las capacidades que esos territorios necesitan para afrontar las consecuencias de esa responsabilidad.

La compensación estaría dirigida a atender asuntos relacionados con seguridad, convivencia y fortalecimiento institucional, además de los impactos sociales derivados de la concentración de población privada de la libertad.

Esto podría traducirse, dependiendo del texto definitivo que avance durante el trámite legislativo, en inversiones para fortalecer organismos de seguridad, mejorar capacidades institucionales, apoyar estrategias de prevención del delito y atender necesidades sociales vinculadas con las comunidades que viven alrededor de los establecimientos penitenciarios.

El debate resulta especialmente importante porque la presencia de una cárcel de alta seguridad puede tener una doble lectura para un municipio.

Por un lado, representa infraestructura, empleo y actividad económica asociada al funcionamiento penitenciario. Pero, por otro, significa que el territorio queda incorporado a una red nacional de seguridad en la que se concentran personas vinculadas con delitos de alta gravedad y estructuras criminales que pueden tener conexiones mucho más allá de las fronteras municipales.

Para Santander, la iniciativa representa una oportunidad para llevar al Congreso una discusión que hasta ahora ha estado dispersa: cuánto le cuesta realmente a los municipios albergar establecimientos penitenciarios que cumplen una función nacional.

Girón es quizá el ejemplo más evidente. Palogordo no atiende exclusivamente las necesidades penitenciarias de Girón ni del área metropolitana de Bucaramanga. Su función responde a una estrategia nacional de custodia y seguridad.

Barrancabermeja enfrenta una situación similar, con una cárcel de mediana seguridad que ya funciona en el Distrito y una nueva infraestructura penitenciaria de gran dimensión proyectada en su territorio.

En otras palabras, la cárcel está en el municipio, pero la responsabilidad que cumple es de alcance nacional. La propuesta de Mello Castro González pretende precisamente cerrar esa brecha: que el costo territorial de la política penitenciaria no recaiga exclusivamente sobre los gobiernos locales.

Para Santander, el debate apenas comienza, pero la pregunta queda planteada: si Girón y Barrancabermeja prestan parte de su territorio para que Colombia pueda mantener bajo custodia a su población penitenciaria, ¿debe la Nación reconocer económicamente esa responsabilidad?

El proyecto de ley podría convertir esa pregunta en una obligación presupuestal y abrir la puerta para que municipios como los santandereanos dejen de ser solamente los lugares donde están las cárceles y pasen a ser reconocidos como territorios que cumplen una función estratégica dentro de la seguridad nacional.