Los sindicatos del sector publico deberían desaparecer

A propósito de la violencia desatada contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), que tienen la misión específica de cuidar y conservar las cárceles del país, habrá necesidad de convertirlos en una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, para otorgarles el fuero legal para sus operaciones. El personal uniformado de la Policía, del Ejército, de la Fuerza Aérea (FAC), de la Armada Nacional y de los Agentes de Circulación y Tránsito de cada jurisdicción, son organizaciones concomitantes, con funciones policivas a las que se les debe autorizar el porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares en todo momento.

Como ejemplo de las funciones de cada una de estas instituciones, resulta necesario igualmente que se suspendan las organizaciones sindicales de miembros de la fuerza pública, porque deberían portar los respectivos uniformes y, por consiguiente, NO pueden ser deliberantes en materia política.  Los funcionarios del INPEC se han convertido en carne de cañón frente a diferentes organizaciones criminales, que los están asesinando, como ha ocurrido durante estas semanas en la cárcel de Palogordo, del municipio de Girón o como ocurre con los accidentes de tránsito en los cuales se ha diluido la responsabilidad de los propietarios de carros y motocicletas, que también son instrumento de violencia.

Resulta igualmente incongruente que los empleados del magisterio oficial tengan fuero sindical, cuando son empleados al servicio de la instrucción pública. El daño que le ha hecho al país el sindicato de FECODE, es de marca mayor. Los maestros de las escuelas públicas y de los colegios oficiales, son empleados de la nación, de los departamentos y municipios, donde, como por su condición, hacen parte del gobierno y deben abstenerse de participar en huelgas que destruyen el tejido social de la nación.

Capitulo especial merece la Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN – que hace parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son empleados del estado colombiano y, por consiguiente, deberían considerarse como parte del gobierno, que cobra los impuestos. Los sindicatos no deberían estar autorizados para enfrentarse al aparato oficial del gobierno, porque hacen parte de la administración de un país soberano, al que deberían proteger, para evitar el saqueo de las finanzas públicas. En la antigua Constitución Nacional de 1886, ‘los empleados públicos solamente podían presentar respetuosas solicitudes a las distintas dependencias del respectivo gobierno.

Raya en el delito penal y en el comportamiento fiscal que haya en Colombia un poderoso sindicato del magisterio, denominado ‘FECODE’, donde la mayoría de sus directivos son actores políticos de extrema izquierda, con una cantidad de privilegios irritantes para un país descompuesto por la tiranía de los grupos guerrilleros, que se alojan en las universidades públicas. El ejercicio de la actividad gubernamental le corresponde a todas las entidades del gobierno de turno, donde la nómina oficial se paga con los dineros de los contribuyentes.