La JEP y el conflicto armado

Por: Alfonso Gómez Méndez

Dos fenómenos que bien podríamos calificar como tragedia y que aún no logramos solucionar, han impedido consolidar un sistema democrático con vigencia plena del Estado de Derecho basado en la justicia social y el funcionamiento pleno de la administración de justicia: el narcotráfico y el llamado conflicto armado.

El primero, que no nos afectaba antes de la década de los setenta, aparte de haber introducido la cultura del enriquecimiento fácil, como lo dijera García Márquez, corrompió con su dinero sucio no solo la política y la administración, sino que subvirtió los valores en buena parte de nuestra sociedad.

Desde la llamada “guerra contra las drogas” Colombia ha hecho prácticamente todo lo que le ha pedido la comunidad internacional: aumentamos exponencialmente las penas; tuvimos testigos, fiscales y jueces sin rostro; justicia penal militar para narcotraficantes con demoledoras consecuencias de corrupción en la fuerza pública; con algunas excepciones, extraditamos a cuantos nacionales han pedido los EEUU, entre otras muchas fallidas estrategias. En el caso de la extradición de nacionales, su mantenimiento desató el narcoterrorismo.

Después de una “chorrera” de muertos, los capos lograron la prohibición de la extradición en la constituyente de 1991 hasta su restablecimiento en 1997.

Lo que denominamos conflicto armado arrancó en la década del sesenta con las guerrillas de inspiración comunista como las FARC y el ELN. El origen del M19 es bien conocido, pues surgió como consecuencia de un alegado fraude electoral en la elección de 1970.Con el mismo fin de cambiar el Estado por uno comunista, hubo otros grupos de menor impacto aun cuando también generaron mucho daño como el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Para combatirlos utilizamos alternativamente la negociación y la vía militar.

Hemos tenido muchas leyes de amnistía e indulto. ya que casi sin excepción, todos los presidentes, buscaron negociar para conseguir la paz. Antes del relativamente exitoso proceso de Santos, en 1984, Belisario Betancur, consiguió una tregua de un año en los acuerdos de la Uribe con la coordinadora guerrillera, lo que permitió el surgimiento de la UP como partido político. Barco amnistió al M19 y Gaviria al EPL, al Quintín Lame y al PRT.

Hay que decir claramente que las antiguas guerrillas perdieron toda connotación política. Ya no hay qué “negociar” pues los llamados actores armados no quieren cambiar la orientación política del Estado sino conseguir que este les facilite -sin consecuencias penales y amparados en la inmune figura de gestores de paz- sus actividades delincuenciales.

Últimamente el único proceso de paz con negociación sobre temas de fondo fue el de Santos con las FARC. A pesar de los errores, se logró la desaparición del grueso de esa guerrilla.

También con errores, la justicia especial para la paz ha permitido que se conozca buena parte de la verdad de lo que pasó. En situaciones de confrontación armada no se puede administrar justicia. La Fiscalía y los jueces emitieron muchas órdenes de captura contra la cúpula de las FARC o de los paramilitares, que no se podían cumplir.

En el caso del paramilitarismo, por ejemplo, más que cárcel lo que el país requiere es que se conozca la verdad de los financiadores, auxiliadores o cómplices. Ojalá que el M19 contara toda la verdad sobre el Palacio de Justicia. No es tan fácil hacerlo ni debe desmontarse la JEP. Se puede sí exigir más agilidad y más comunicación sobre el sentido y alcance de sus decisiones. En materia de verdad y reparación, la justicia ordinaria no llegó hasta donde ha llegado la JEP.