Investigan si brotes de tuberculosis en presidios de Santander se han generado por culpa de la negligencia del Inpec

La alerta encendida por un presunto brote de tuberculosis dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Gil volvió a poner bajo la lupa las delicadas condiciones sanitarias que históricamente han rodeado a las cárceles colombianas y, particularmente, los problemas de hacinamiento y atención médica que desde hace años vienen siendo denunciados en este centro penitenciario de Santander.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La actuación preventiva anunciada por la Procuraduría General de la Nación surge luego de que la Secretaría de Salud de San Gil confirmara la aparición de un foco epidemiológico dentro del penal, donde preliminarmente se habla de cerca de 29 personas contagiadas entre internos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La cifra encendió las alarmas debido a la facilidad de propagación de esta enfermedad en espacios cerrados, con poca ventilación y altos niveles de hacinamiento.

El requerimiento de la Procuraduría busca establecer si realmente se están garantizando los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad, especialmente el acceso a la salud, la atención médica oportuna y las medidas de contención epidemiológica. El Ministerio Público pidió información detallada sobre el número exacto de contagios, el estado clínico de cada paciente y la evolución de los casos, además de conocer si existen áreas de aislamiento adecuadas para evitar una expansión mayor del brote.

La preocupación del ministerio público se basa en que para el ministerio público la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que históricamente ha encontrado terreno fértil en las cárceles del país.

Incluso, organismos nacionales e internacionales han advertido durante años que los establecimientos penitenciarios representan escenarios de alto riesgo debido al hacinamiento, la desnutrición, las deficiencias sanitarias y la insuficiente cobertura médica. En Colombia, distintos informes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos han señalado que las prisiones pueden convertirse en verdaderas “cámaras de transmisión” cuando no existen controles oportunos.

En el caso del penal de San Gil, las alertas sobre problemas de salud pública no son nuevas. En años anteriores ya se habían reportado denuncias relacionadas con sobreocupación, dificultades para acceder a medicamentos y demoras en la atención médica de internos. Incluso, familiares de reclusos habían advertido sobre las precarias condiciones de ventilación en algunos patios y sobre la coexistencia de internos enfermos con población sana sin suficientes protocolos de aislamiento.

La gravedad de la situación radica en que la tuberculosis no solamente pone en riesgo a la población privada de la libertad. También amenaza al personal de custodia, funcionarios administrativos, trabajadores de salud y familiares que ingresan al penal. De hecho, entre los casos preliminares reportados aparecen funcionarios del propio INPEC, situación que evidencia que el brote ya habría trascendido las celdas y tendría alcance institucional.

Uno de los puntos más delicados del requerimiento de la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil tiene que ver con la eventual responsabilidad administrativa frente a una presunta negligencia en la activación de protocolos sanitarios. El ente de control quiere establecer qué entidad está prestando actualmente los servicios médicos y de enfermería dentro de la cárcel, así como verificar cuáles fueron las medidas implementadas desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas o sospechas de contagio.

La preocupación crece porque, en contextos penitenciarios, la detección tardía de casos puede provocar cadenas de contagio difíciles de controlar. Expertos epidemiológicos han advertido que una sola persona con tuberculosis activa puede infectar a numerosas personas en ambientes cerrados si no existe aislamiento inmediato ni tratamiento supervisado. En cárceles con hacinamiento, el riesgo se multiplica dramáticamente.