"Gobierno Petro le entregó el páramo de Santurbán a la minería criminal"

El Ministerio de Ambiente publicó esta semana una delimitación progresiva que según el propio ministerio ya había calificado como inviable jurídicamente y ambientalmente incorrecta  en 2023 por desconocer lo ordenado por la Corte Constitucional. Además, pretende  imponer una Zona de Reserva Permanente sin participación ciudadana, incumpliendo el Acuerdo de Escazú, y acabando con la principal actividad económica de California (Santander ), un municipio que lleva 450 años haciendo minería por fuera del Páramo y solo quiere hacerla de forma legal.

A menos de 20 días de terminar su mandato, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra (e) Irene Vélez, quien a su vez es directora del ANLA, anunció tres resoluciones relacionadas con el macizo de Santurbán que para las organizaciones sociales, comunales y mineras de la región,  tienen un evidente tinte político, desplazarían la minería tradicional y legal, vulneran sus derechos, y le abrirían la puerta a grupos criminales para explotar Santurbán.

"Estamos muy preocupados pues con estas tres resoluciones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Todos los pequeños mineros que queremos ser formales, al igual que los titulares mineros legales, vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad. Los pequeños mineros no somos delincuentes, somos víctimas de un complot politiquero que quieren dejar a las carreras para afectar al próximo Gobierno”, indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y el POMCA del Alto Lebrija.

Por un lado está la  “Delimitación progresiva de Santurbán”, un mecanismo que no es viable jurídicamente y es ambientalmente incorrecto, como consta en una respuesta enviada por el propio Ministerio de Ambiente al Tribunal de Santander en 2023 . Además, según el Ministerio de Ambiente, la delimitación parcial incumple lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017  pues solo se puede expedir una nueva delimitación una vez se haya concertado integralmente con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander involucrados en el proceso.

Por otro lado, se encuentra la  Zona de reserva PERMANENTE en California (Santander), declarada sin la participación comunitaria de quienes habitan en la zona afectada, incumpliendo el Acuerdo de Escazú, y teniendo como sustento técnico un documento del Servicio Geológico Colombiano no concluyente y con graves irregularidades técnicas , y efectuado por profesionales presuntamente no aptos para este tipo de evaluaciones técnicas, lideradas por un director (julio Fierro) abiertamente anti-minero y aliado de los comités activistas y políticos que lleva años “explotando políticamente” el Páramo.

Y en tercer lugar, pretenden  Prórroga la zona de reserva temporal hasta 2029  , que deja en el limbo el futuro de 6 municipio que dependen de la minería como Vetas, y que desde que fue impuesta en 2023 pese a las inconsistencias señaladas en su momento por la Procuraduría, la Defensoría, la Gobernación, seis alcaldías y cerca de 25 mil habitantes de la región, solo desplazó a los mineros legales y dejó la región a merced de grupos criminales que pretenden explotar Santurbán.

“Es increíble que no cumplen la delimitación que hizo este mismo Gobierno, y que desconocen la respuesta que le dieron al tribunal indicando que no se podía delimitar parcialmente. Esto  es una pataleta peligrosa e ilegal de quienes creían que se iban a quedar en el poder, y ahora quieren presionar al Gobierno entrante , para luego decir falsamente que fueron ellos los que protegieron el medioambiente. Están haciendo cosas muy mal hechas y que seguramente a muchos esto los va llevar a la cárcel”, aseguró González.

Las organizaciones, resaltaron que el Gobierno de Gustavo Petro abandonó el proceso de Delimitación de Santurbán en 2023 como lo señaló el Tribunal de Santander, y solo lo vino a retomar a menos de un mes de terminar su mandato, para cumplir compromisos políticos con grupos  activistas. Además, cuestionaron que las inconsultas resoluciones se publicaran justo un día después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara nuevos estudios técnicos internacionales para acabar con la controversia y la politización de Santurbán.

Ante esta grave situación, las organizaciones sociales, comunitarias y mineras legales, anunciaron denuncias por fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones al Ministerio y a los funcionarios responsables.

La lideresa, quien pertenece a más de 20 organizaciones sociales de Soto Norte, indicó que todo esto es el resultado de la “mesa de concertación exprés” y los encuentros clandestinos que la ministra Vélez organizó en una reunión a puerta cerrada  con activistas del Pacto Histórico en un hotel de Bucaramanga, sin convocar a las comunidades ni a los organismos de control.

“Todo esto se supo solo porque nosotros los dejamos en evidencia. Es una jugada política amañada con los activistas políticos, congresistas y diputados afines a este Gobierno”, aseguró González.

“Hacemos un  llamado urgente a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y el Tribunal Administrativo de Santander para que impidan esta flagrante violación al debido proceso y a los derechos de participación de las comunidades de Soto Norte, Bucaramanga, y los más de 20  municipios excluidos de la delimitación  del Páramo”, concluyó la líder ciudadana.