• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modifica aspectos del esquema de cobro de la Tasa por Utilización del Agua para incorporar enfoques diferenciales en materia social y fortalecer la aplicación de los principios de justicia ambiental.
• La norma ratifica que los recursos recaudados, de conformidad con la ley, deberán destinarse a acciones de protección, conservación y monitoreo del recurso hídrico del país.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0700 de 2026, mediante el cual modifica aspectos de la fórmula para el cobro de la Tasa por Utilización de Agua (TUA). La reforma busca fortalecer este instrumento mediante reglas más claras, mayor transparencia y un mejor acceso a la información. Además, incorpora criterios relacionados con las condiciones sociales y económicas de la población, la prelación de los usos del agua y la diferenciación de las condiciones de presión por demanda sobre las fuentes hídricas, con fundamento en los índices definidos por el Ideam.

Un aspecto clave de esta modificación es el reconocimiento de las diferentes condiciones socioeconómicas de los usuarios en el territorio nacional. En ese sentido, el coeficiente socioeconómico que integra el factor regional de cobro deja de sustentarse en un único indicador macroeconómico para incorporar tres variables de carácter territorial: las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) municipales, las categorías municipales y el Sisbén, cuando aplique, así como el reconocimiento de los usos colectivos y comunitarios buscando beneficiar principalmente a familias campesinas y productores agropecuarios.

“Con la expedición de este decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza que los recursos recaudados por el uso del agua en el país retornen a los territorios para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos, transformándose en acciones concretas para la restauración de ríos, páramos y cuencas hidrográficas. Así consolidamos un mandato en el que la gestión del agua pone la vida en el centro y reconoce este recurso como un bien común que ordena el territorio y garantiza el bienestar de las comunidades«, afirmó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres.

A su vez, la normativa refuerza la destinación que, por mandato de la ley, tienen los recursos recaudados a través de la Tasa por Utilización de Agua, reiterando que las autoridades ambientales deberán destinarlos a acciones de protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, así como a la preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (e), Andrés Ocampo, indicó: “La justicia ambiental también es justicia para el campo. Con este nuevo esquema de la Tasa por Utilización del Agua reconocemos las realidades de las familias campesinas y de los productores agropecuarios, avanzando hacia una gestión del agua más equitativa, que pone la vida en el centro, protege nuestras fuentes hídricas y garantiza que los recursos se traduzcan en acciones concretas para cuidar los territorios y fortalecer la producción de alimentos en Colombia”.

La aplicación de este nuevo esquema de cobro comenzará a partir del primero de enero de 2027, permitiendo que durante esa vigencia las autoridades ambientales adecuen sus sistemas de información, monitoreo y facturación, de manera que los cobros que se emitan luego de finalizado dicho año se ajusten a las nuevas disposiciones del Decreto.