Dura sanción para exsecretario de Infraestructura de Santander del gobierno de Mauricio Aguilar
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años y tres meses al exsecretario de Infraestructura de Santander por presuntas irregularidades y sobrecostos en la obra del parque principal de Girón.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años y tres meses al exsecretario de Infraestructura de Santander por presuntas irregularidades y sobrecostos en la obra del parque principal de Girón.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
··········
········
La intervención del parque principal de Girón, concebida para recuperar uno de los espacios más representativos del municipio y promover el arte y la cultura, terminó convirtiéndose en el centro de una investigación disciplinaria que ahora tiene una primera decisión sancionatoria: la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años y tres meses a Jaime René Rodríguez Cancino, exsecretario de Infraestructura de Santander durante la administración del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El fallo señala que el funcionario incurrió en una falta gravísima a título de culpa gravísima al participar en la estructuración y celebración de un contrato de obra por más de $8.011 millones, en el que se encontraron diferencias de precios que el organismo de control consideró injustificadas.
La intervención contemplaba, entre otros trabajos, la renovación de mobiliario, superficies y redes de servicios públicos, incluidas las de agua potable, alcantarillado y electricidad. La investigación se concentró en dos componentes específicos del presupuesto de la obra. Según la Procuraduría, el ítem de localización y replanteo registró una diferencia del 43,79 % frente a valores identificados en contratos comparables de la región. En las actividades de demolición y retiro de pisos de concreto o piedra, la variación alcanzó el 12,59 %.
Para el Ministerio Público, no se acreditó una explicación técnica suficiente y verificable que justificara esos mayores valores. Por esa razón, concluyó que Rodríguez Cancino no desvirtuó el cargo disciplinario y que su actuación desconoció los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que deben orientar el manejo de los recursos públicos.
El contrato tenía un plazo inicial de diez meses y debía estar terminado en enero de 2023. Sin embargo, el cronograma sufrió sucesivas ampliaciones debido a dificultades en la ejecución, ajustes en las cantidades de obra, problemas de suministro de materiales y una suspensión temporal de los trabajos. Para diciembre de 2023, los registros citados por ese medio reflejaban un avance físico del 75 % y una ejecución financiera del 64,85 %.
La investigación periodística también examinó la adjudicación del contrato al Consorcio Arte y Cultura Girón y la selección de la interventoría, asuntos que generaron cuestionamientos sobre el proceso contractual. Estos antecedentes ayudan a dimensionar las dificultades que rodearon el proyecto, aunque no deben confundirse con los hechos específicos por los que la Procuraduría impuso la sanción ahora conocida.
El expediente tuvo un antecedente público el 14 de febrero de 2025, cuando la Procuraduría anunció la formulación de cargos contra Rodríguez Cancino por los posibles sobrecostos en los dos componentes de la obra. En esa etapa, el organismo de control debía determinar si las diferencias de precios configuraban una falta disciplinaria atribuible al entonces funcionario.
