Gobierno anuncia revisión nacional de las fotomultas para frenar abusos y priorizar la seguridad vial

El Gobierno nacional puso bajo la lupa el funcionamiento de las llamadas fotomultas en Colombia. Por instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Transporte anunció una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que actualmente operan en las carreteras y vías urbanas del país.

La revisión estará a cargo del Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Transporte y las demás autoridades competentes. El objetivo será determinar si las cámaras cumplen las condiciones técnicas y legales exigidas y, especialmente, si su presencia responde realmente a necesidades de seguridad vial.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, advirtió que el Gobierno buscará evitar que estos dispositivos terminen funcionando principalmente como instrumentos de recaudo. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”, afirmó la funcionaria, al anunciar que se revisarán los sistemas instalados en todo el territorio nacional.

El examen tendrá en cuenta aspectos como los niveles de siniestralidad, los límites de velocidad establecidos, la señalización existente y las características particulares de cada corredor vial. También se verificará que las autoridades responsables hayan cumplido los requisitos de autorización y que exista un sustento técnico que justifique la instalación de los equipos.

La decisión adquiere especial relevancia porque en Colombia las cámaras de fotodetección hacen parte de un sistema regulado por la Ley 1843 de 2017. De acuerdo con la normativa vigente, los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para detectar presuntas infracciones deben cumplir criterios técnicos de seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta, además, con un sistema oficial para tramitar las autorizaciones y consultar las cámaras autorizadas en el país.

El Ministerio de Transporte ha precisado que, para la instalación y operación de estos sistemas, las autoridades de tránsito deben solicitar la respectiva autorización ante la ANSV y acreditar los requisitos establecidos en la regulación. Entre los criterios que pueden sustentar la necesidad de un sistema de detección se encuentran la siniestralidad, la prevención, la movilidad y el historial de infracciones.

Por eso, la revisión anunciada por el Gobierno no se limitará a verificar si una cámara está encendida o funcionando. También buscará establecer si su ubicación continúa teniendo una justificación técnica y si las condiciones del corredor hacen necesaria su operación.

El Gobierno también anunció que revisará la política nacional de fotodetección y las reglas que deberán cumplir las nuevas cámaras que se pretendan instalar en el futuro. La intención es elevar los estándares y evitar que la expansión de estos sistemas se produzca sin una necesidad comprobada de seguridad vial.

La administración nacional plantea, en ese sentido, que una cámara no debería ser la primera ni la única respuesta frente a los riesgos de una carretera. El Ministerio señaló que la reducción de los siniestros debe apoyarse también en ingeniería vial, señalización adecuada, pedagogía y controles efectivos.

“La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, sostuvo Noguera.

La revisión podría poner nuevamente sobre la mesa una de las discusiones más sensibles del tránsito colombiano: hasta dónde las fotomultas cumplen una función preventiva y en qué momento pueden terminar percibiéndose como mecanismos de sanción y recaudo.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado un desmonte generalizado de las cámaras ni ha señalado cuáles podrían ser retiradas. La instrucción consiste en revisar su funcionamiento, autorización, sustento técnico y cumplimiento de las reglas vigentes. Los resultados de esa evaluación determinarán las eventuales medidas que adopten las autoridades.

La ANSV dispone actualmente de un mapa oficial de cámaras autorizadas y de información relacionada con los trámites de fotodetección, herramientas que serán relevantes para contrastar la situación de los sistemas instalados en las distintas regiones del país.

Así, las fotomultas entran en una nueva etapa de escrutinio nacional, con una pregunta central sobre la mesa: si una cámara está allí para salvar vidas, debe poder demostrarlo con datos, evidencia y resultados sobre la seguridad de la vía.