Faltan $4,2 billones para garantizar el derecho a pensión de los abuelitos

Más de $4,2 billones adicionales necesitaría el sistema pensional colombiano para cerrar 2026 y cumplir oportunamente con las obligaciones a cargo de Colpensiones, según una alerta de la Contraloría General de la República que vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas más sensibles de las finanzas públicas: cada vez se necesita una mayor cantidad de recursos del presupuesto nacional para atender las obligaciones pensionales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Economía / EL FRENTE

La advertencia fue formulada por la Delegada para el Sector Trabajo de la Contraloría, después de revisar la programación y ejecución presupuestal de los fondos administrados por Colpensiones. El organismo de control encontró que el presupuesto inicial para 2026 contempló gastos por $75,58 billones, de los cuales $72,80 billones estaban destinados específicamente al pago de pensiones y jubilaciones.

El punto que desajustó las cuentas está en el salario mínimo. Para construir el presupuesto se había utilizado un supuesto de incremento cercano al 7,5 %, pero finalmente el salario mínimo de 2026 aumentó 23 %, hasta $1.750.905. Ese incremento también elevó automáticamente el valor de las pensiones que están atadas al salario mínimo.

La diferencia entre el supuesto presupuestal y el incremento finalmente aplicado es, en términos fiscales, el tamaño de la grieta que ahora debe cubrir el Estado.

La alerta de la Contraloría tiene un elemento particularmente importante. El problema no se origina, al menos según las cifras revisadas por el organismo de control, en que el Gobierno haya incumplido los giros que estaban previstos inicialmente.

Para 2026 se habían presupuestado $33,7 billones de aportes nacionales para financiar las obligaciones pensionales de Colpensiones y la ejecución también registra $33,7 billones. Esto significa que, si los recursos reportados ya fueron efectivamente girados, la Nación habría transferido prácticamente la totalidad de lo que había previsto inicialmente. ([La República][1])

El problema aparece porque el costo de las pensiones terminó creciendo por encima de lo calculado. En otras palabras, el Estado hizo la cuenta con una determinada tasa de crecimiento del salario mínimo y posteriormente tuvo que enfrentar una obligación mayor. Ahora la pregunta es de dónde saldrá la diferencia.

Un momento delicado para las finanzas públicas

El caso de las pensiones no puede analizarse como una cuenta aislada. El Presupuesto General de la Nación enfrenta simultáneamente obligaciones que dejan poco espacio para mover recursos de un sector a otro.

El Banco de la República ya había advertido que las finanzas públicas colombianas enfrentaban desafíos fiscales importantes. En su análisis de marzo de 2026 señaló que el déficit total del Gobierno Nacional Central había sido de 6,4 % del PIB en 2025, equivalente a $117,8 billones, mientras que la deuda bruta llegó a 64,4 % del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda proyectaba entonces un déficit total de 5,1 % del PIB.

La propia normativa presupuestal reconoce que las pensiones hacen parte de los llamados gastos inflexibles, junto con rubros como salud, funcionamiento, deuda y otras obligaciones que el Gobierno no puede simplemente suspender cuando aparecen dificultades de caja. Un decreto expedido durante 2026 señaló expresamente que esa estructura limita el margen de maniobra del Ejecutivo para atender nuevas necesidades y, al mismo tiempo, mantener la inversión social y la sostenibilidad fiscal.

Por eso, los $4,2 billones adicionales no son simplemente una cifra más dentro del presupuesto. Son recursos que el Gobierno debe encontrar en medio de una estructura fiscal con numerosas obligaciones previamente comprometidas.

El aumento del salario mínimo tiene una particular incidencia sobre Colpensiones porque las pensiones que equivalen a un salario mínimo deben mantener ese piso. Colpensiones informó que más de 1,8 millones de pensionados recibieron en 2026 el reajuste correspondiente al incremento del salario mínimo. Para las mesadas equivalentes a un salario mínimo, el aumento fue del 23 %, mientras que las pensiones superiores a ese monto se reajustaron con base en la inflación de 2025, que fue de 5,1 %.

Así, una decisión que incrementa los ingresos de millones de trabajadores y pensionados también tiene una consecuencia directa sobre el gasto público cuando una parte importante de esas obligaciones es respaldada con recursos nacionales.

El asunto se vuelve especialmente relevante porque, según las cifras divulgadas por la Contraloría, 44,6 % de la financiación de las obligaciones contempladas inicialmente para los fondos administrados por Colpensiones dependía de aportes de la Nación. ([La República][1])

El Gobierno ya había advertido de un faltante cercano a $5 billones

La alerta del organismo de control coincide con una advertencia hecha días antes por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien señaló que Colpensiones enfrentaba un faltante cercano a $5 billones para garantizar las mesadas de noviembre y diciembre.

La ministra también indicó que Colpensiones requiere alrededor de $58 billones para atender sus compromisos pensionales durante el año.

La diferencia entre los $4,2 billones calculados por la Contraloría y los cerca de $5 billones mencionados por el Ministerio de Trabajo responde a estimaciones y momentos diferentes del análisis, pero ambas cifras apuntan hacia el mismo problema: las cuentas presupuestales para cerrar 2026 requieren recursos adicionales.