Exministro Wilson Ruiz propone una transformación para descongestionar la justicia: “Colombia necesita crear la jurisdicción constitucional”

Durante el XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, realizado en Bucaramanga, el exministro de Justicia Wilson Ruiz puso sobre la mesa una discusión que va más allá de los debates académicos: cómo hacer que los derechos constitucionales tengan una respuesta judicial más rápida y cercana para los ciudadanos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

En conversación con EL FRENTE, el jefe de la cartera de Justicia del gobierno de Iván Duque sostuvo que la justicia constitucional colombiana requiere una ampliación de su estructura y propuso aprovechar parte del recurso humano que actualmente participa en el sistema judicial para crear jueces y tribunales especializados en asuntos constitucionales.

La propuesta parte de una realidad que, según el exministro, genera una enorme presión sobre la Corte Constitucional. Ruiz afirmó que durante el último año ingresaron más de 1,2 millones de acciones de tutela, equivalentes a cerca de 100.000 al mes, mientras que la Corte debe seleccionar solamente una pequeña parte de esos expedientes para su eventual revisión.

“En diferentes escenarios académicos yo he dicho que la jurisdicción constitucional está en mora de ampliarse. Actualmente la Corte Constitucional de Colombia es de las mejores del mundo, pero me aterra porque no tenemos tribunales constitucionales ni jueces constitucionales”, manifestó.

La tutela y el reto de llegar a todos

Para comprender la propuesta hay que recordar qué papel cumple la tutela. Este mecanismo permite que cualquier persona solicite ante un juez la protección inmediata de derechos fundamentales cuando considera que están siendo vulnerados o amenazados.

La tutela, por tanto, funciona como una puerta de entrada rápida a la protección constitucional. El problema que plantea Ruiz es de escala: millones de ciudadanos pueden acudir a ella, pero la Corte Constitucional no puede revisar individualmente todas las decisiones que producen los jueces del país.

Por eso, el exministro considera que Colombia debería avanzar hacia una estructura constitucional más amplia, con jueces especializados que permitan que la protección de los derechos fundamentales tenga mayor capacidad de respuesta desde las regiones.

“En el fondo no hay una justicia para todos los colombianos”, afirmó Ruiz al explicar su preocupación por el volumen de tutelas que llega al sistema y por la limitada capacidad de la Corte para seleccionar expedientes.

Su propuesta no consiste, según explicó, en crear una nueva rama del poder público, sino en establecer un nuevo sector dentro de la Rama Judicial dedicado específicamente a la jurisdicción constitucional.

Uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa es la forma en que Ruiz plantea financiarla. El exministro considera que no sería necesario crear una estructura completamente nueva ni aumentar de manera significativa el gasto público.

Su planteamiento consiste en transformar la función de los procuradores judiciales que actualmente intervienen en los procesos mediante conceptos que, en términos generales, no tienen carácter obligatorio para los jueces.

“Actualmente en Colombia hay más de 700 procuradores judiciales que emiten conceptos que no son vinculantes. Yo lo que propongo es que estos procuradores, que no emiten sentencias, puedan hacer parte de la jurisdicción constitucional. No le cuesta absolutamente un peso a la justicia colombiana”, sostuvo.

La idea implicaría, por supuesto, una modificación de la actual arquitectura institucional y de las competencias de estos funcionarios. Ruiz plantea que ese talento humano pueda convertirse en parte de una estructura encargada de producir decisiones judiciales en materia constitucional, en lugar de limitarse a emitir conceptos.

De esta manera, su propuesta busca enfrentar dos problemas simultáneamente: la congestión y la necesidad de acercar la justicia constitucional a los ciudadanos.

Del papel al expediente digital

La segunda gran transformación planteada por Ruiz tiene que ver con la digitalización de la justicia. Para el exministro, el futuro del sistema judicial colombiano pasa necesariamente por abandonar progresivamente la dependencia del papel y permitir que ciudadanos, abogados y jueces puedan desarrollar buena parte de los procesos a través de plataformas digitales.

Ruiz recordó que durante su paso por el Ministerio de Justicia se impulsaron proyectos relacionados con la justicia digital y señaló que Colombia ha recibido recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para avanzar en esa transformación.

“En el año 2021, por fortuna, el BID nos prestó más de 500 millones de dólares para la justicia digital. Cuando yo estuve de ministro con todo mi equipo, dejamos instalados los proyectos de justicia digital. Actualmente nos dieron más de 100 millones de dólares y ya van para la tercera fase”, aseguró.

El objetivo, según su perspectiva, es que el país pueda consolidar progresivamente una justicia en línea. “Yo pensaría que en ocho años va a ser justicia en línea. Vamos a avanzar hacia países como España y otros del mundo que van a la vanguardia en esto”, afirmó.

La digitalización no sería solamente trasladar los documentos de una carpeta física a una pantalla. La transformación que plantea Ruiz supone que buena parte de la relación entre ciudadanos, abogados y despachos judiciales pueda desarrollarse de manera remota.

Una persona podría, por ejemplo, consultar el estado de su proceso sin tener que desplazarse hasta un juzgado, conocer cuándo se presentó una actuación, revisar las decisiones disponibles y hacer seguimiento al avance del expediente.

“El país va a avanzar muchísimo porque la gente no necesita sentarse con los abogados, se acaba toda la papelería y la gente simplemente se mete con el demandante y la radicación y puede ver cómo está avanzando el proceso en línea”, explicó.

La pandemia de COVID-19 terminó convirtiéndose, en este sentido, en una especie de prueba de estrés para la justicia colombiana. Los despachos tuvieron que encontrar mecanismos para continuar funcionando mientras las restricciones impedían la atención presencial.

Ruiz recordó que uno de los cambios fundamentales fue la consolidación de la oralidad, proceso que, según explicó, ya venía siendo impulsado desde antes de la emergencia sanitaria.

“Cuando hay un problema hay una solución. Y buscamos la solución, y la solución fue la justicia de la oralidad. Lo mismo esto, cuando en ocho años implementemos la justicia digital para todo el país”, señaló.

Una justicia constitucional más cercana a las regiones

El debate adquiere especial relevancia desde Bucaramanga, donde la Corte Constitucional reunió a magistrados, juristas, académicos y expertos nacionales e internacionales para discutir precisamente los desafíos contemporáneos de la jurisdicción constitucional.

Ruiz llegó al encuentro destacando la importancia del derecho comparado y las experiencias internacionales. Durante su conversación con EL FRENTE mencionó, entre otros asuntos, la influencia del derecho español y figuras como el recurso de amparo, mecanismos que permiten estudiar cómo otros sistemas jurídicos han buscado fortalecer la protección de los derechos fundamentales.

En ese escenario, su propuesta plantea una pregunta de fondo: si los derechos constitucionales tienen una importancia cada vez mayor en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿debe la estructura judicial encargada de protegerlos crecer al mismo ritmo?

Para Ruiz, la respuesta pasa por dos caminos complementarios. Por un lado, crear una red más amplia de jueces constitucionales que permita atender directamente el enorme volumen de controversias relacionadas con derechos fundamentales. Por otro, acelerar la transformación digital para que acceder a la justicia no dependa necesariamente de desplazamientos, filas, expedientes físicos y trámites presenciales.

El exministro resumió su visión señalando que la transformación apenas está comenzando. A su juicio, la oralidad y la digitalización representan pasos de un proceso mucho más amplio que todavía debe completar Colombia.

Y desde Santander, departamento con el que Ruiz mantiene un vínculo académico por su experiencia como docente en Socorro, dejó además un saludo especial a los habitantes de la región y a los oyentes de la Cadena de la Cordialidad.