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ONU pide recursos suficientes para que la JEP y la Unidad de Búsqueda continúen sus funciones

La ONU pidió garantizar recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda, clave para seguir atendiendo los derechos de las víctimas del conflicto en Colombia.

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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los demás organismos del Sistema Integral de Paz de Colombia cuenten con recursos suficientes para continuar con las funciones establecidas tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

El pronunciamiento se conoció el lunes 28 de septiembre de 2026, cuando se cumplen diez años de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc-EP. Türk señaló que los mecanismos creados en ese marco son necesarios para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, especialmente en materia de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas.

“Esto no puede ser un esfuerzo aislado. Los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional, establecidos en virtud del Acuerdo de Paz, son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas”, afirmó el funcionario de Naciones Unidas.

El Sistema Integral de Paz está conformado por la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo mandato ya concluyó. Türk sostuvo que las instituciones que permanecen activas necesitan respaldo financiero para desarrollar las tareas previstas en el acuerdo.

“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, manifestó.

La ONU ha señalado previamente la importancia de contar con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para garantizar la implementación efectiva de los mecanismos relacionados con el Acuerdo de Paz.

Búsqueda de desaparecidos como medida restaurativa

Durante su pronunciamiento, Türk destacó también las acciones restaurativas en las que participan antiguos integrantes de las Farc-EP y antiguos máximos responsables del Ejército que han reconocido responsabilidad por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Uno de estos proyectos se desarrolla en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Allí, antiguos integrantes de los dos sectores participan en labores de localización, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas a sus familiares.

Estas actividades hacen parte de las sanciones propias de la JEP, que contemplan medidas restaurativas para quienes reconocen plenamente su responsabilidad por crímenes graves. En estos casos, las personas sometidas a la jurisdicción deben desarrollar trabajos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas.

“Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, a la reparación y a la sanación de las familias afectadas por el conflicto”, sostuvo Türk.

El alto comisionado calificó las experiencias restaurativas que se desarrollan en Colombia como un aporte a la justicia transicional y destacó su alcance internacional.

Debate sobre el futuro de la JEP

El pronunciamiento de Türk se produce mientras continúa el debate sobre el tiempo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Recientemente, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, advirtió que si el tribunal concluye sus funciones en 2028, parte del trabajo adelantado podría quedar “a mitad de camino”.

La declaración ocurrió después de que Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, radicara un proyecto de acto legislativo que plantea establecer en diez años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la JEP.

En este contexto, el alto comisionado de la ONU insistió en la necesidad de garantizar los recursos para que las instituciones que continúan activas puedan desarrollar sus funciones y atender las obligaciones relacionadas con las víctimas del conflicto.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que ha acompañado la creación y funcionamiento del Sistema Integral de Paz mediante asistencia técnica, con el propósito de mantener a las víctimas como eje de los procesos de justicia transicional.