El derecho a no quedar indefensos
El texto respalda levantar la suspensión del porte legal de armas como una respuesta a la inseguridad rural y a la falta de protección estatal en el campo.
El texto respalda levantar la suspensión del porte legal de armas como una respuesta a la inseguridad rural y a la falta de protección estatal en el campo.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Durante años preferí no poco sobre el derecho a portar armas para la legítima defensa; no porque desconociera la evidente inseguridad, sino porque el tema quedó atrapado en una narrativa estigmatizante. Bastaba que un ganadero hablara de seguridad para que algunos sectores lo asociaran con el paramilitarismo, mientras miles de productores sufrían secuestro, asesinato, extorsión, abigeato y desplazamiento.
Esa realidad motivó a María Fernanda Cabal a crear la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, que recorrió el país para hacer visibles a las víctimas ganaderas. Su Informe para “Acabar con el olvido” documentó más de 10.000 víctimas de los grupos armados y mostró que no todas reciben igual reconocimiento.
Hace veinte años advertí que, tras la desmovilización de las autodefensas, muchas regiones quedarían expuestas si el Estado no ocupaba los espacios abandonados…, y quedaron expuestas. Hace diez señalamos que ocurriría lo mismo con la desmovilización de las Farc…, y ocurrió: una violencia reemplazó a otra y hasta las Farc dejaron instaladas sus disidencias.
El productor rural vive en el campo y no puede irse porque la institucionalidad llegue tarde o nunca llegue. El ganadero recorre vías terciarias, transporta recursos y trabaja lejos de una estación de Policía. Esa realidad no desaparece por decreto ni puede ignorarse desde la comodidad de las ciudades.
Por ello, la decisión de levantar la suspensión del porte legal de armas es valerosa, merece nuestro respaldo y responde a una inseguridad desbordada y restituye un derecho conculcado desde cuando las Farc le dictaban al Gobierno lo que debía hacer. La medida no autoriza el porte indiscriminado ni promueve el armamentismo, pues los permisos estarán sujetos a exigentes requisitos, controles y estrictas responsabilidades legales.
Es un paso correcto, pues vivíamos en un mundo al revés: mientras al ciudadano cumplidor de la ley se le obligó a guardar su arma cuando Santos prohibió el porte, los bandidos, que no piden permiso, recorren calles y carreteras con fusiles, pistolas y armas automáticas.
El monopolio estatal de la fuerza es esencial, pero no puede confundirse con la indefensión obligatoria. Ningún Estado garantiza protección total y permanente a cada persona, menos en extensos territorios rurales. Por eso el discurso ganadero ha reclamado presencia institucional, respaldo a la Fuerza Pública y seguridad como derecho fundamental y deber estatal para proteger al ciudadano, ejercer control territorial y preservar la soberanía.
Mientras esa presencia se consolida, no es razonable quitarle al ciudadano “el derecho a no quedar indefenso” frente a quienes actúan por fuera de la ley. Los ganaderos valoramos esta decisión y sabremos honrarla con responsabilidad y dentro del ordenamiento jurídico.
Una democracia debe desarmar a los criminales, no condenar a la indefensión a sus ciudadanos. @jflafaurie
