Entregó a su hija por una deuda y se la devolvieron embarazada
Resumen
En Sabanalarga denunciaron que una menor habría sido entregada como garantía de una deuda a un prestamista informal y devuelta embarazada. El caso revela fallas en la protección y acceso a la justicia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un grave caso de vulneración de derechos fue denunciado en el municipio de Sabanalarga, donde, según el alcalde José Elías Chams, una menor habría sido entregada por sus padres como garantía de una deuda a un prestamista informal, conocido como “gota a gota”, y posteriormente devuelta en estado de embarazo.
De acuerdo con el mandatario, el hecho habría ocurrido en medio de un contexto de pobreza extrema y falta de acceso a mecanismos formales de crédito. La menor habría permanecido entre 30 y 60 días bajo control del prestamista antes de regresar a su hogar.
El alcalde advirtió que el caso no fue denunciado ante la Policía ni la Fiscalía, lo que complica la judicialización de los responsables y evidencia fallas estructurales en el acceso a la justicia. “Esto tiene que cambiar”, afirmó, al tiempo que solicitó mayor presencia institucional y recursos para enfrentar este tipo de situaciones.
La denuncia fue realizada tras un Consejo de Seguridad en el municipio de Baranoa, donde se abordaron problemáticas relacionadas con la criminalidad y la vulnerabilidad social en la región. En ese espacio, las autoridades también anunciaron medidas como el fortalecimiento del pie de fuerza, la llegada de unidades especializadas y la ampliación del sistema de videovigilancia.
El caso pone en evidencia los riesgos asociados al sistema de préstamos informales “gota a gota”, que en Colombia continúa expandiéndose, incluso a través de plataformas digitales. Estas modalidades operan fuera del control de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que deja a los usuarios sin protección legal y expuestos a prácticas abusivas.
Expertos advierten que, además de tasas de interés elevadas, estos esquemas pueden derivar en extorsiones y vulneraciones graves de derechos, especialmente en poblaciones con limitadas opciones de financiamiento.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y a verificar que cualquier entidad crediticia esté debidamente registrada, con el fin de evitar caer en redes ilegales que ponen en riesgo la integridad y seguridad de las personas.
