Despues de 11 años, sin lluvia atómica, Abelardo da luz verde al regreso del glifosato en Colombia

Ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la aspersión aérea como una herramienta del Estado para combatir el narcotráfico, recuperar territorios y proteger a las comunidades.

El regreso de la aspersión aérea con glifosato a Colombia comienza a tomar forma como una de las apuestas del gobierno de Abelardo de la Espriella para enfrentar el narcotráfico y debilitar las finanzas de las organizaciones criminales. La administración nacional considera que esta herramienta no debe ser presentada como una amenaza, sino como un mecanismo para proteger a la población y recuperar el control de los territorios dominados por las economías ilegales.

La posición fue expuesta por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien defendió el uso de la aspersión aérea bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales. Sus declaraciones plantean un giro en la discusión nacional sobre la erradicación de cultivos ilícitos y la capacidad del Estado para combatir la producción de cocaína.

El ministro sostuvo que el debate sobre la aspersión aérea debe partir de una realidad que, a su juicio, no puede ser ignorada: el impacto de los cultivos ilícitos cuando quedan bajo el control de estructuras armadas ilegales.

“La aspersión aérea no debe presentarse como una amenaza para Colombia. Debe entenderse como una herramienta del Estado para proteger a las comunidades, recuperar los territorios y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia.

Para el funcionario, las rentas derivadas de los cultivos de coca financian a grupos criminales que extorsionan a la población, reclutan menores de edad, desplazan familias y confinan comunidades enteras. Estas economías ilegales, agregó, alimentan buena parte de la violencia que afecta a diferentes regiones del país.

Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que la discusión no debe centrarse exclusivamente en los riesgos de la fumigación, sino también en las consecuencias de permitir que los cultivos ilícitos continúen expandiéndose bajo el control de organizaciones armadas.

La defensa de la aspersión aérea está acompañada de un argumento de seguridad y protección de los derechos humanos. Cancino advirtió que impedirle al Estado utilizar herramientas eficaces contra los cultivos ilícitos también puede tener consecuencias sobre las comunidades que permanecen sometidas a las estructuras criminales.

“El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señaló el ministro.

De acuerdo con su planteamiento, la lucha contra el narcotráfico debe considerar la protección de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la paz. También hizo énfasis en los derechos prevalentes de la niñez y en la necesidad de que las comunidades puedan vivir sin el sometimiento de grupos armados que controlan las rentas ilegales.

El mensaje del Gobierno de Abelardo de la Espriella es que la capacidad de combatir el narcotráfico no debe quedar limitada por la renuncia anticipada a una herramienta que, bajo su criterio, puede contribuir a la erradicación de los cultivos de coca.

El medio ambiente también entra en la discusión

Uno de los aspectos centrales de la argumentación del ministro de Justicia es el impacto ambiental de los cultivos ilícitos. Cancino aseguró que estas actividades destruyen bosques, amplían la frontera agrícola ilegal, contaminan fuentes hídricas y utilizan sustancias químicas altamente nocivas durante la producción de cocaína.

En ese sentido, el funcionario cuestionó que la discusión ambiental se concentre únicamente en la aspersión aérea, sin considerar los daños que ocasionan las economías ilegales en los ecosistemas y territorios donde se desarrollan.

“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, sostuvo.

Sin embargo, la propia postura oficial establece que cualquier eventual regreso de esta herramienta debe estar acompañado de controles y condiciones que permitan garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, sanitarias y constitucionales.

Una posición clara frente al narcotráfico

La administración de Abelardo de la Espriella plantea que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. Para el ministro Cancino, renunciar de manera anticipada a una de ellas limita la capacidad de respuesta del Estado y favorece, en la práctica, a quienes controlan las economías ilegales.

La posición del Gobierno también busca presentar la aspersión aérea como parte de una política integral de protección a los campesinos, la niñez, las comunidades, el medio ambiente y el territorio.

“La obligación del Estado es proteger. Proteger a los campesinos, a la niñez, a las comunidades, al medio ambiente y al territorio”, manifestó el ministro de Justicia.

Con este argumento, la administración nacional pretende cambiar el enfoque del debate: la amenaza principal, según Cancino, no es la herramienta de erradicación, sino el narcotráfico y las estructuras armadas que se benefician de los cultivos ilícitos.

Un debate que vuelve a generar preocupación

El anuncio del visto bueno político para el regreso de la aspersión aérea abre nuevamente una discusión que ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos sobre la salud, el ambiente y las comunidades rurales. El Gobierno sostiene que la herramienta debe aplicarse de manera regulada y controlada, mientras que cualquier implementación concreta deberá ajustarse a las condiciones legales y constitucionales correspondientes.

Por ahora, la posición expresada por el ministro de Justicia marca una línea clara de la administración de Abelardo de la Espriella: la aspersión aérea con glifosato vuelve a ser considerada una herramienta legítima para combatir el narcotráfico, dentro de una estrategia que busca recuperar territorios y golpear las finanzas de las organizaciones criminales.

La discusión nacional queda planteada entre la necesidad de fortalecer la lucha contra los cultivos ilícitos y las garantías que deben rodear cualquier decisión que pueda afectar a las comunidades y al medio ambiente.