CRISIS carcelaria y corrupción en el gobierno de Gustavo Petro
El artículo denuncia corrupción, violencia y mafias dentro del sistema penitenciario colombiano, especialmente en el INPEC.
El artículo denuncia corrupción, violencia y mafias dentro del sistema penitenciario colombiano, especialmente en el INPEC.
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Que los contratistas encargados de las obras públicas en las cárceles del país son una manada de ladrones, vinculados a la espantosa corrupción que sacude las cárceles del país, es otra verdad que ocurre en Colombia. Los condenados a penas de prisión son sometidos en algunos casos a vejámenes por miembros de la guardia penitenciaria, mientras los peores bandidos extorsionan a los presos, como si se tratara de un negocio interno dentro de tales establecimientos.
En un debate parlamentario que deberá producirse la próxima semana en la Cámara de Representantes, con la asistencia del señor ministro de Justicia, se hablará de la infinita corrupción que existe en el Instituto Nacional Penitenciario – INPEC --, donde se ha llegado a los peores extremos, puertas adentro de las cárceles del país. En el equipo de empalme anticorrupción, que presentaron los asesores del presidente Abelardo de la Espriella Otero, existe un capítulo sobre la corrupción que carcome las estructuras del régimen penitenciario.
Los actos de violencia ocurridos hace pocos días frente a la Cárcel Nacional de Palogordo, en el municipio de Girón (Santander), donde fue asesinado un inspector de amplia trayectoria en la institución, constituyen un llamado a la administración de justicia, acerca de las mafias carcelarias que se están formando en Colombia. La resocialización de los prisioneros no existe en los centros penitenciarios y en algunos casos tienen que pagar abultadas sumas de dinero, para tener derecho a dormir dignamente al interior de estos establecimientos.
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, está enterado de estas realidades que ocurren en nuestro país y espera privatizar la mayoría de los establecimientos carcelarios, donde los prisioneros tendrán la obligación de redimir penas mediante el trabajo digno en los talleres de mecánica, carpintería y educación, para que haya una verdadera resocialización. Cada prisionero le cuesta al país más de dos millones de pesos mensuales, pero tienen derecho a dormir en lugares dignos.
Habría de modificarse la gradualidad de las penas y la disciplina debe ser aplicada con dignidad y respeto por la guardia penitenciaria, prohibiendo que existan organizaciones sindicales al interior de esta institución estatal, donde será obligatorio el trabajo para todos aquellos que deben redimir penas. Es imposible que haya en Colombia muchos sindicatos del sistema penitenciario, cuyos integrantes NO VAN A TRABAJAR y hacen lo que les da en la gana.
Estaremos pendientes del debate con el señor Ministro de Justicia que ha sido citado por un grupo de parlamentarios interesados en acabar con las ‘Escuelas del Crimen’ que se han tomado el sistema penitenciario en Colombia.
