Lo que debía ser un paso institucional para cerrar brechas de género en la política local terminó convertido en un episodio que expone, con crudeza, las tensiones que enfrentan las mujeres en escenarios de poder. En el Concejo de Bucaramanga, una recusación anónima intentó apartar del debate a la propia autora de un proyecto que busca combatir la violencia política contra las mujeres. El argumento, tan insólito como revelador, sostiene que por su condición de mujer podría verse beneficiada por la iniciativa.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La protagonista de este episodio es la concejala Daniela Torres Zárate, quien hace pocos días logró que el proyecto de acuerdo 118 de 2025 superara su primer debate, luego de un tránsito accidentado marcado por intentos fallidos durante cerca de dos años. ¡Todo un logró! La iniciativa, que había naufragado en repetidas ocasiones tanto en comisión como en plenaria, finalmente avanzaba en medio de un ambiente de resistencia política que nunca dejó de latir bajo la superficie.

Sin embargo, la felicidad no fue completa. En plena sesión se produjo un hecho que hoy genera rechazo al allegarse a la secretaría de la corporación una recusación anónima, radicada a mitad del debate, la cual busca impedir que la concejala participara en la discusión de su propio proyecto.

¡Hágame el bendito favor! La solicitud no cuestionaba aspectos técnicos ni jurídicos de fondo, sino que apuntaba exclusivamente a su condición de mujer como supuesto conflicto de interés. En otras palabras, la acusación sugería que legislar para garantizar derechos a las mujeres equivalía a legislar en beneficio propio.

Torres no ocultó su desconcierto frente a lo ocurrido. En conversación con EL FRENTE explicó que la recusación tenía un objetivo claro: frenar nuevamente una iniciativa que ya había sido bloqueada en varias oportunidades.

La escena, lejos de ser un trámite más dentro del juego político, dejó al descubierto una paradoja difícil de ignorar. Mientras el proyecto busca crear herramientas institucionales para atender la violencia política contra las mujeres, su autora era objeto de una maniobra que, en la práctica, encarna esa misma violencia.

Una nueva forma de violencia política

El contenido de la propuesta da cuenta del alcance de lo que estaba en discusión. El proyecto plantea la creación de acciones afirmativas para mujeres en espacios de liderazgo, tanto en cargos públicos como en escenarios comunitarios. Incluye la implementación de una ruta de atención psicosocial especializada en casos de violencia política, el fortalecimiento de la articulación institucional en esta materia, la creación de un semillero de liderazgo femenino y la puesta en marcha de un foro municipal que conecte a mujeres que ejercen política en distintos niveles.

No se trata de una iniciativa menor ni simbólica. En un país donde la participación política de las mujeres sigue enfrentando barreras estructurales, propuestas de este tipo buscan construir condiciones mínimas de equidad en escenarios históricamente dominados por hombres. En el caso de Bucaramanga, la situación adquiere un matiz aún más evidente: Torres es la única mujer dentro de la corporación, lo que convierte la discusión en un reflejo directo de esa desigualdad.

La concejala también subrayó que su posición en el espectro político añade otra capa de tensión. Como integrante de la oposición, su margen de maniobra dentro del Concejo ya enfrenta resistencias naturales. La recusación, en ese contexto, no solo intenta silenciar una voz femenina, sino también limitar el ejercicio de control político desde una orilla distinta a la mayoría. La combinación de ambos factores configura lo que ella misma ha señalado como una doble forma de victimización.

Durante su intervención, Torres lanzó una pregunta que resonó más allá del recinto: cuánto debe soportar una mujer en política para lograr aprobar un proyecto que precisamente busca frenar la violencia en su contra. La frase no es retórica. Resume una experiencia que, según advierten organizaciones y observatorios de género, se repite en distintos niveles del poder público en Colombia, donde las mujeres no solo deben disputar espacios, sino también defender su legitimidad para ocuparlos.

El episodio de la recusación abre interrogantes sobre el uso de figuras jurídicas dentro de las corporaciones públicas. Aunque la recusación es un mecanismo legítimo para garantizar imparcialidad, su utilización en este caso ha sido cuestionada por carecer de sustento claro y por centrarse en una condición inherente, como el género. La anonimidad del recurso añade un componente adicional de opacidad que alimenta las sospechas sobre su origen y motivaciones.

Pese a la controversia, el proyecto logró avanzar, impulsado por una voluntad parcial dentro de la corporación que permitió superar el intento de bloqueo. Sin embargo, lo ocurrido deja una huella que trasciende el trámite legislativo. Más que un obstáculo puntual, la recusación se instala como un síntoma de las resistencias que aún persisten frente a la participación plena de las mujeres en la política local.

En Bucaramanga, la discusión ya no gira únicamente en torno a un proyecto de acuerdo. Lo que está en juego es la forma en que se entiende el ejercicio del poder en clave de igualdad, y la disposición real de las instituciones para garantizar que las mujeres no solo lleguen a esos espacios, sino que puedan ejercerlos sin ser deslegitimadas por aquello que precisamente buscan transformar.