Una nueva tensión sacude al sistema de salud colombiano. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, aseguró que no mantiene deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en respuesta a un informe divulgado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que hablaba de una cartera pendiente cercana a los $612 mil millones.

La entidad estatal fue tajante: por su naturaleza jurídica y operativa, no puede registrar cuentas vencidas ni deudas en su contabilidad con clínicas y hospitales del país. Según explicó, los recursos que administra no funcionan como obligaciones crediticias tradicionales, sino como flujos regulados bajo reglas específicas del sistema.

El informe de la ACHC encendió las alarmas al advertir sobre una supuesta cartera significativa a cargo de la ADRES, lo que reflejaría según el gremio presiones financieras sobre las IPS. Sin embargo, la respuesta oficial dibuja otro panorama.

La ADRES aclaró que lo único pendiente corresponde a cuentas en proceso de auditoría, principalmente relacionadas con la atención de accidentes de tránsito sin cobertura del SOAT, un rubro históricamente complejo dentro del sistema. Incluso así, la entidad precisó que estos valores no alcanzan ni el 10 % de la cifra señalada por el gremio hospitalario.

¿Problema contable o crisis real?

Más que una deuda directa, la ADRES apunta a un posible desfase en los registros financieros de las IPS. Según la entidad, algunas instituciones estarían incluyendo en sus balances cuentas por cobrar sin viabilidad real de pago, ya sea por vencimiento de términos o por haber sido previamente rechazadas (glosadas).

En términos contables, esto implicaría activos “fantasma”: cifras que sobreviven en los libros, pero no en la realidad financiera. La ADRES sugiere que, bajo las normas internacionales de información financiera (NIF), estas cuentas deberían depurarse para evitar distorsiones.

Este cruce de versiones se da en medio de un contexto más amplio: el sistema de salud colombiano atraviesa un periodo de ajustes estructurales, con tensiones entre aseguradores, prestadores y el Estado por flujo de recursos, sostenibilidad y transparencia en los pagos.

Las clínicas y hospitales, por su parte, han insistido en que los retrasos, independientemente de su origen, afectan la operación diaria, desde la compra de insumos hasta el pago de personal médico.

Como salida al desacuerdo, la ADRES reiteró que mantiene disponibles extractos mensuales detallados para cada IPS, así como procesos de capacitación para mejorar la facturación y reducir errores que derivan en glosas o rechazos.

El mensaje entre líneas es claro: más que una deuda, el conflicto parece una batalla de cifras y metodologías. Mientras tanto, en los pasillos de hospitales y clínicas, la pregunta sigue flotando como un bisturí en el aire: ¿es un problema de contabilidad… o de liquidez real?