Abelardo ordenará a la policía entrar a las UIS en el caso de que regresen las protestas ¿Le gusta la idea?

La decisión anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella de autorizar el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas cuando se presenten protestas que deriven en hechos violentos encendió las alarmas dentro de la comunidad universitaria, que observa con preocupación el posible riesgo de que una medida presentada como estrategia de seguridad termine convirtiéndose en una amenaza contra la autonomía universitaria, la libertad académica y los derechos humanos de los estudiantes.

El mandatario anunció la creación de un protocolo nacional de actuación para determinar en qué circunstancias las autoridades podrán intervenir dentro de los campus universitarios. La medida busca diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de hechos como la violencia, la flagrancia, el peligro para la población o las alteraciones extraordinarias del orden público.

Históricamente, las universidades públicas han sido concebidas como espacios constitucionalmente protegidos para el conocimiento, la investigación, la libertad de pensamiento y el debate democrático. Por eso, cualquier decisión que permita el ingreso de la Fuerza Pública debe generar especial atención, no solamente por sus implicaciones institucionales, sino por las consecuencias que podría tener sobre los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta.

Sin embargo, el presidente De la Espriella ha sostenido que la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, no puede convertirse en una “patente de impunidad” frente a los hechos de violencia.

“Las universidades tienen autonomía y eso no está en discusión”, afirmó el mandatario, al insistir en que dicha garantía no puede utilizarse para impedir la actuación de las autoridades cuando exista una amenaza contra el orden público.

Su argumento plantea una tensión constitucional que exige algo más que declaraciones contundentes. El artículo 69 reconoce la autonomía de las universidades, mientras que el artículo 37 protege el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. A su vez, el artículo 29 garantiza el debido proceso y el artículo 28 protege la libertad personal.

El problema aparece cuando, bajo el argumento de combatir la violencia, se establecen mecanismos que puedan terminar afectando a quienes no participan en actos ilícitos, pero se encuentran dentro de un campus donde se desarrolla una manifestación.

La autonomía universitaria no equivale a inmunidad frente a la ley. No obstante, tampoco puede entenderse como una garantía que el Gobierno pueda limitar mediante un protocolo administrativo sin reglas claras, controles independientes y respeto estricto por los derechos fundamentales.

“Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, advirtió De la Espriella, en una de las frases que más preocupación ha generado por el tono de confrontación utilizado frente a los estudiantes.

El mandatario también aseguró que la protesta pacífica será respetada y garantizada por su Gobierno, pero advirtió que el “terrorismo urbano”, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil no pueden ser considerados formas legítimas de protesta.

La distinción es necesaria. Ningún derecho fundamental ampara la comisión de delitos ni los ataques contra la vida, la integridad personal o los bienes públicos y privados. Pero precisamente por esa razón, la intervención estatal debe individualizar responsabilidades y no convertir a toda una comunidad universitaria en sospechosa por los actos de unos cuantos.

En un escenario de protestas, el riesgo de actuaciones indiscriminadas no puede ser ignorado. El uso de la fuerza dentro de los campus, la realización de capturas, las requisas, los desalojos o la dispersión de manifestantes requieren garantías que eviten abusos y protejan especialmente a los estudiantes que no están involucrados en hechos violentos.

La preocupación ciudadana y universitaria es que una política concebida para enfrentar a quienes cometen delitos termine afectando a quienes simplemente expresan su inconformidad frente a las decisiones del Estado.

¿Quién vigilará a la Policía dentro de las universidades?

El anuncio presidencial deja pendientes varios interrogantes que deberán ser respondidos antes de la aplicación del nuevo protocolo.

¿En qué condiciones exactas podrá ingresar la Policía a un campus universitario? ¿Qué autoridad determinará que existe una situación de flagrancia, peligro o alteración extraordinaria del orden público? ¿Qué papel tendrán los rectores y las directivas universitarias? ¿Cómo se protegerá a los estudiantes que no participan en los hechos violentos? ¿Qué mecanismos de control existirán para investigar eventuales abusos de la Fuerza Pública?

Estas preguntas son esenciales porque la seguridad no puede convertirse en una autorización general para intervenir en espacios donde también se ejerce la libertad de pensamiento y se construye el debate político y social del país.

La actuación policial debe estar sometida a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos. No basta con invocar el orden público. Se requiere demostrar que la intervención es legal, indispensable y adecuada para enfrentar un riesgo concreto.