Voto libre y racional

Por: William Zambrano

Solo hasta que las urnas se cierren y los votos se cuenten será posible saber si las encuestas han acertado o no, así como los análisis de muchos observadores que desde las diferentes campañas intentan influir en la decisión de los electores, particularmente de los indecisos, que en buena medida definirán la contienda.

En la semana que falta todo puede suceder, pero la posibilidad de que un candidato gane en primera vuelta resulta altamente improbable.  En cualquier caso, ello depende del nivel de participación y precisamente de la autonomía con la que los electores puedan expresarse.

Los ciudadanos deben, en efecto, poder optar por la o el candidato que mejor represente sus convicciones y anhelos en total libertad, sin que las interferencias de los grupos ilegales, pero también las derivadas de las referidas encuestas, de la propaganda oficial y la de las propias campañas,  o la  indebida participación en política de los servidores públicos, los priven de su libre albedrío y de la valoración  que  cada elector tiene derecho a hacer sobre las calidades de las y los candidatos en contienda.

Preocupan sobre manera al respecto las alertas que se han dado por diversos organismos merecedores de plena credibilidad sobre numerosos municipios en los que esa libertad se encuentra comprometida con carnetizaciones, amenazas y presencia armada en los territorios en lo que pareciera esta vez la aplicación del conocido lema bolchevique según el cual: “con puño de hierro conduciremos la humanidad a la felicidad”.

Igualmente preocupa la falta de confianza en las encuestas que muestran escenarios totalmente disímiles que más parecieran elementos de estrategia y de manipulación que verdaderas mediciones del sentir del electorado. Sin hablar de la abierta participación en la campaña electoral del presidente de la República, que, invocando nuevamente su libertad de expresión, olvida los deberes que le impone su condición de jefe de Estado y su obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos (art. 188 C.P.).

Es de esperar en todo caso que los ciudadanos sepan forjar su propio juicio con independencia de todas estas distorsiones y que en la valoración que corresponde a cada elector prime lo que mejor convenga al país y a la institucionalidad construida con tanto esfuerzo por más de doscientos años, y que ha sido concebida hasta ahora para proteger la vida honra y bienes de todos los habitantes y los derechos y deberes de cada colombiano.

Es de esperar, igualmente, que la participación sea la más amplia posible y que se entienda que  esta no es una elección cualquiera, pues en ella  nos estamos  jugando el modelo de estado y de sociedad  y que verdaderamente se encuentran en riesgo los fundamentos mismos del Estado de Derecho, la separación de poderes, la autonomía judicial de la que depende el respeto de nuestros derechos y libertades, y la capacidad de cumplir su tarea organismos como el Banco de la República, de cuya autonomía  depende en buena parte  el mantenimiento del modelo de economía social de mercado inscrito en la Constitución de 1991, así como la de  la propia Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el respeto de la voluntad  de los electores, y que ha sido objeto de irresponsables ataques  que por fortuna no han minado en nada la credibilidad que se tiene en esta institución y que por el contrario goza ampliamente de la confianza pública.