Votar sin saber cuesta vidas

Por: Felipe Rodríguez Espinel

Hay una frase que suena exagerada hasta que ocurre cerca, morir esperando una cita. En Colombia, ese escenario dejó de ser hipotético. Mientras los candidatos presidenciales llenan plazas y redes sociales con promesas de planes de choque, los colombianos enfrentan un sistema de salud que acumula más de $25,7 billones en deudas con hospitales y clínicas. Un número tan grande que cuesta visualizarlo, pero que se vuelve concreto cuando un niño de siete años con hemofilia muere en Bogotá porque su EPS intervenida dejó de entregarle el medicamento que necesitaba para vivir.

El sistema sigue afiliando personas, pero cada vez tiene menos capacidad para atenderlas. Y los hogares más pobres son los que terminan pagando de su bolsillo lo que el sistema ya no cubre.

Ante esa realidad, cinco candidatos presentan diagnósticos y recetas distintas. Cepeda apuesta por desmantelar la lógica de la Ley 100, eliminar la intermediación de las EPS y fortalecer la red hospitalaria pública. La propuesta más radical en términos estructurales, y también la más parecida a lo que hizo el gobierno que entrega el sistema en peores condiciones financieras de las tres últimas décadas.

De la Espriella habla de emergencia humanitaria, propone inyectar $10 billones en 90 días y defender la Ley 100 con más controles. Paloma promete resolver diez millones de atenciones represadas en los primeros 100 días, inyectar $9 billones y recuperar el modelo mixto sin desmontarlo.

Fajardo, plantea estabilizar primero y reformar después, con $15 billones para saldar deudas y un nuevo modelo concertado a partir de 2027. Claudia López propone un sistema mixto sin ánimo de lucro, con auditorías públicas y un fondo de rescate para hospitales.

Todos hablan de urgencia. Todos prometen un plan de choque. Pero las diferencias de fondo son mayores de lo que parece en un debate televisado. La pregunta real no es quién suena más convincente, sino quién entiende mejor qué está fallando y por qué. Porque un sistema de salud no se arregla con retórica ni con cifras de inversión que no tienen una fuente de financiamiento verificada. Se arregla con decisiones técnicas difíciles, voluntad política real y capacidad de ejecución probada.

El voto en salud no es un voto abstracto sobre modelos económicos. Es una decisión que afecta directamente si alguien recibe o no su quimioterapia a tiempo, si un campesino tiene o no acceso a un médico, si una persona con diabetes consigue o no la insulina del mes. Votar sin leer los planes de gobierno, sin confrontar las promesas con las cifras reales del sistema, sin preguntarse de dónde saldrán los recursos, es cederle la decisión al candidato que grite más fuerte.

Colombia tiene el privilegio de haber construido en treinta años una cobertura de salud casi universal. Ese logro está en riesgo. Sostenerlo o dejarlo colapsar depende, en buena parte, de lo que ocurra el 31 de mayo. Antes de marcar el tarjetón, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿sabe realmente por qué está votando?