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Visita conyugal terminó con homicidio en La Modelo

Una mujer fue asesinada dentro de La Modelo de Bogotá durante una visita; el caso puso en duda los protocolos de seguridad penitenciaria.

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El asesinato de una mujer dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá generó nuevos cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad durante las jornadas de visita en los establecimientos penitenciarios del país. El hecho ocurrió el sábado 22 de agosto, cuando la víctima ingresó al penal para visitar a un interno.

De acuerdo con información citada por El Tiempo, el presunto responsable sería William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, quien se encontraba privado de la libertad desde 2018 y habría reconocido ante las autoridades su responsabilidad en el crimen.

El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida hacia las 12:30 de la tarde en el pabellón 13 de la prisión. El caso quedó en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que adelantan la investigación para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el asesinato.

Un antecedente por intento de feminicidio

Martínez Alvarino cumplía una condena de 21 años y cuatro meses de prisión por un intento de feminicidio ocurrido en 2015 contra la madre de sus tres hijos.

Según el expediente judicial, citado en la información conocida sobre el caso, el hombre atacó a la mujer con un arma blanca y le ocasionó más de 20 heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen.

En aquel momento existía además una orden de alejamiento. La víctima tuvo que ser trasladada a una casa de refugio como medida de protección y quedó con heridas permanentes en el rostro y el cuello.

El proceso judicial terminó con la condena de Martínez Alvarino y su reclusión en La Modelo. Su defensa había planteado que el episodio correspondía a una riña familiar, argumento que fue descartado por el juez.

Había pedido prisión domiciliaria días antes

Uno de los elementos que más llama la atención dentro del caso es que, según el expediente, Martínez Alvarino había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria el pasado 18 de agosto.

La petición fue rechazada poco antes de que ocurriera el nuevo crimen. Ahora, el interno deberá responder por un nuevo proceso, en el que podría enfrentar cargos por feminicidio agravado, de acuerdo con la información suministrada sobre la investigación.

El caso también abrió interrogantes sobre los controles que se aplican durante las jornadas de visita y sobre cómo fue posible que se produjera un asesinato dentro de un área del establecimiento penitenciario sometida a vigilancia.

Hasta el momento de la información publicada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no había entregado explicaciones detalladas sobre las circunstancias que permitieron que ocurriera el crimen.

Ministerio de Justicia pidió revisar los protocolos

El Ministerio de Justicia rechazó el asesinato y aseguró que “las cárceles no son territorios sin ley”. La entidad señaló que el interno a quien la víctima visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos.

La cartera también indicó que el hombre fue aislado y que las autoridades judiciales iniciaron los actos urgentes correspondientes.

Por instrucción del ministro de Justicia, Iván Cancino González, se solicitó al Inpec un informe detallado y una revisión inmediata de los protocolos de seguridad aplicados durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas.

La revisión contempla, entre otros aspectos, los mecanismos de alerta y botones de pánico, los procedimientos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo y las medidas de protección disponibles para las mujeres privadas de la libertad y para quienes ingresan como visitantes.

El Ministerio sostuvo que, a partir de los resultados de esa revisión, se deberán adoptar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del asesinato y establecer las eventuales responsabilidades institucionales que puedan derivarse de las fallas de seguridad identificadas.